Colombia, en especial la administración de Gustavo Petro, acaba de recibir un espaldarazo esencial en su ambición por modificar la manera en que nuestro país lucha contra las drogas. En el proceso anual de certificación que hace la Presidencia de los Estados Unidos para vigilar a los países productores de drogas ilícitas, la administración de Joe Biden fue clara en reconocer que el gobierno Petro ha sido un aliado esencial y comprometido en la lucha. Se trata de una decisión con efectos prácticos, pues el riesgo de perder la certificación dificulta la obtención de apoyo internacional, pero también con un mensaje político contundente: Estados Unidos reconoce que es necesario un cambio de paradigma, aunque andemos a paso de tortuga hacia él.
Había temor de perder la certificación porque el número de cultivos de hoja de coca en Colombia sigue creciendo hasta cifras alarmantes. También porque, desde su llegada a la Presidencia, el presidente Petro y sus ministros de Justicia han pedido modificar la aproximación a esta guerra perdida. Se trata de una estrategia con énfasis en acercarse a las comunidades productoras y combatir solo a los grandes cabecillas. Los resultados saltan a la vista: hasta julio se habían incautado 488,9 toneladas de cocaína, muy por encima de las incautadas el mismo período del año anterior (381,8 toneladas). Casi semanalmente, el presidente Petro comparte en su cuenta de X la noticia de un nuevo cargamento intervenido. El problema, sin embargo, es que esa medida no ha disminuido el poder de los grupos narcotraficantes ni el hecho de que se siguen exportando cantidades alarmantes de cocaína desde nuestro país.
Sin embargo, la administración Biden reconoció que Colombia es un “socio fuerte” con el que se sigue “trabajando estrechamente para reducir la producción de cocaína”. En respuesta, el presidente Petro escribió en su cuenta de X que “la certificación en la lucha contra las drogas es la demostración de una estrategia que acierta. Al llevar la acción antidrogas de la represión al campesino a la incautación al gran narcotraficante, logramos superar una gran injusticia social. Hoy golpeamos de verdad al gran narcotráfico”. Por su parte, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, dijo que el comunicado de la Casa Blanca “no solamente certifica a Colombia en su política de drogas, sino que destaca la estrategia de Colombia para el combate de los narcóticos. Esto hace pensar al Ministerio de Justicia que la ruta que ha asumido Colombia es la correcta”. Estamos de acuerdo con esa lectura.
Ahora bien, no es momento de declarar victoria. Estamos lejos de eso. Para comenzar, si en la Casa Blanca hay un cambio de administración hacia Donald Trump, cualquier avance en la modificación del paradigma se perderá y a Colombia la volverán a medir exclusivamente con base en el número de hectáreas erradicadas. Más allá de eso, la administración Biden advierte que es necesario potenciar el proceso de cambio de estrategias y su implementación. Tiene razón. Colombia tiene un buen diagnóstico, pero tanto su marco normativo como sus capacidades de ejecución están lejos de ser consideradas eficientes. No podemos esperar a que el mundo legalice la cocaína para dar resultados en el ámbito local, y la realidad es que la violencia que estamos viendo en varios puntos del país está financiada por el narcotráfico. El Gobierno sigue con esa deuda.
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Colombia, en especial la administración de Gustavo Petro, acaba de recibir un espaldarazo esencial en su ambición por modificar la manera en que nuestro país lucha contra las drogas. En el proceso anual de certificación que hace la Presidencia de los Estados Unidos para vigilar a los países productores de drogas ilícitas, la administración de Joe Biden fue clara en reconocer que el gobierno Petro ha sido un aliado esencial y comprometido en la lucha. Se trata de una decisión con efectos prácticos, pues el riesgo de perder la certificación dificulta la obtención de apoyo internacional, pero también con un mensaje político contundente: Estados Unidos reconoce que es necesario un cambio de paradigma, aunque andemos a paso de tortuga hacia él.
Había temor de perder la certificación porque el número de cultivos de hoja de coca en Colombia sigue creciendo hasta cifras alarmantes. También porque, desde su llegada a la Presidencia, el presidente Petro y sus ministros de Justicia han pedido modificar la aproximación a esta guerra perdida. Se trata de una estrategia con énfasis en acercarse a las comunidades productoras y combatir solo a los grandes cabecillas. Los resultados saltan a la vista: hasta julio se habían incautado 488,9 toneladas de cocaína, muy por encima de las incautadas el mismo período del año anterior (381,8 toneladas). Casi semanalmente, el presidente Petro comparte en su cuenta de X la noticia de un nuevo cargamento intervenido. El problema, sin embargo, es que esa medida no ha disminuido el poder de los grupos narcotraficantes ni el hecho de que se siguen exportando cantidades alarmantes de cocaína desde nuestro país.
Sin embargo, la administración Biden reconoció que Colombia es un “socio fuerte” con el que se sigue “trabajando estrechamente para reducir la producción de cocaína”. En respuesta, el presidente Petro escribió en su cuenta de X que “la certificación en la lucha contra las drogas es la demostración de una estrategia que acierta. Al llevar la acción antidrogas de la represión al campesino a la incautación al gran narcotraficante, logramos superar una gran injusticia social. Hoy golpeamos de verdad al gran narcotráfico”. Por su parte, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, dijo que el comunicado de la Casa Blanca “no solamente certifica a Colombia en su política de drogas, sino que destaca la estrategia de Colombia para el combate de los narcóticos. Esto hace pensar al Ministerio de Justicia que la ruta que ha asumido Colombia es la correcta”. Estamos de acuerdo con esa lectura.
Ahora bien, no es momento de declarar victoria. Estamos lejos de eso. Para comenzar, si en la Casa Blanca hay un cambio de administración hacia Donald Trump, cualquier avance en la modificación del paradigma se perderá y a Colombia la volverán a medir exclusivamente con base en el número de hectáreas erradicadas. Más allá de eso, la administración Biden advierte que es necesario potenciar el proceso de cambio de estrategias y su implementación. Tiene razón. Colombia tiene un buen diagnóstico, pero tanto su marco normativo como sus capacidades de ejecución están lejos de ser consideradas eficientes. No podemos esperar a que el mundo legalice la cocaína para dar resultados en el ámbito local, y la realidad es que la violencia que estamos viendo en varios puntos del país está financiada por el narcotráfico. El Gobierno sigue con esa deuda.
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