Para entender la importancia y la dificultad del hito histórico que acaba de ocurrir en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tal vez podamos empezar por el final. La noticia es que los tribunales de paz iniciaron su primer juicio adversarial, donde el acusado es el coronel retirado Publio Hernán Mejía, otrora personaje reconocido y presidenciable, pero contra quien hay dos condenas en la justicia ordinaria por ejecuciones extrajudiciales. Lo que llama la atención es la declaración que dio ante los jueces: “Por la verdad y la historia que la JEP debe reconstruir por este país, por el respeto a las víctimas y por la dignidad de las instituciones, no puedo aceptar lo que nunca hice”, dijo. Con solo eso resumió las tensiones que persisten en los procesos de justicia transicional que han estado bajo ataque de distintas fuentes.
La última noticia que había conocido el país del coronel Mejía es que perdió la libertad condicional que le otorgó la JEP. La razón es importante. Durante el estallido social, el militar retirado publicó videos en YouTube donde incitaba a la violencia. En una frase particularmente elocuente para entender el perfil del personaje, Mejía dijo que era necesario defender a Colombia “al precio que sea”. Los magistrados de la JEP reconocieron que esa no era la actitud de una persona comprometida con pasar la página y hacer un acto de reparación, por lo que ordenaron su reclusión para cumplir las condenas que hay en su contra. Ahora, la Fiscalía de la JEP lo acusó con palabras contundentes. Según el ente acusador, el coronel “ideó, diseñó y ejecutó a través de un ilegal aparato organizado de poder un plan criminal que consistió en asesinar personas de la población civil y presentarlas como bajas en combate”. Por eso, pidió la máxima condena en el marco del Acuerdo de Paz.
A pesar de ya haber sido condenado en la justicia ordinaria, la insistencia del coronel Mejía en su inocencia muestra la actitud de un sector de las fuerzas armadas y del mundo político que no reconocen malas prácticas durante las administraciones de Álvaro Uribe. En el juicio de la JEP, la defensa del coronel argumentó que “mi cliente actuó bajo las condiciones propias de la guerra en esa región” y que “es un absurdo exigirle a un militar que controle a todos sus soldados en un terreno tan grande”. Un contexto importante es que esta es la respuesta oficial al asesinato de 75 personas inocentes que luego fueron presentadas como guerrilleras o colaboradoras de la guerrilla. Según el teniente coronel retirado Heber Hernán Gómez Naranjo, “al llegar el coronel Mejía, todo cambió. Veníamos de un coronel sumiso y llega uno con muchos pergaminos y reconocimientos. Una palabra muy recurrente era que el batallón debía ser una máquina de guerra, y que íbamos a obtener los resultados que no se habían logrado antes”. Los resultados fueron el horror y la sangre.
Mejía, por supuesto, tiene derecho a la defensa y al debido proceso, a pesar de ya haber sido derrotado en la justicia ordinaria. Esa fue una de las generosidades del Acuerdo de Paz: reabrir expedientes ya cerrados buscando incentivar el aporte a la verdad. Empero, ahora que la falta de cooperación ha sido la característica de varios máximos responsables, los tribunales de paz deben demostrar que tienen la fuerza para no permitir la impunidad.
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Para entender la importancia y la dificultad del hito histórico que acaba de ocurrir en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tal vez podamos empezar por el final. La noticia es que los tribunales de paz iniciaron su primer juicio adversarial, donde el acusado es el coronel retirado Publio Hernán Mejía, otrora personaje reconocido y presidenciable, pero contra quien hay dos condenas en la justicia ordinaria por ejecuciones extrajudiciales. Lo que llama la atención es la declaración que dio ante los jueces: “Por la verdad y la historia que la JEP debe reconstruir por este país, por el respeto a las víctimas y por la dignidad de las instituciones, no puedo aceptar lo que nunca hice”, dijo. Con solo eso resumió las tensiones que persisten en los procesos de justicia transicional que han estado bajo ataque de distintas fuentes.
La última noticia que había conocido el país del coronel Mejía es que perdió la libertad condicional que le otorgó la JEP. La razón es importante. Durante el estallido social, el militar retirado publicó videos en YouTube donde incitaba a la violencia. En una frase particularmente elocuente para entender el perfil del personaje, Mejía dijo que era necesario defender a Colombia “al precio que sea”. Los magistrados de la JEP reconocieron que esa no era la actitud de una persona comprometida con pasar la página y hacer un acto de reparación, por lo que ordenaron su reclusión para cumplir las condenas que hay en su contra. Ahora, la Fiscalía de la JEP lo acusó con palabras contundentes. Según el ente acusador, el coronel “ideó, diseñó y ejecutó a través de un ilegal aparato organizado de poder un plan criminal que consistió en asesinar personas de la población civil y presentarlas como bajas en combate”. Por eso, pidió la máxima condena en el marco del Acuerdo de Paz.
A pesar de ya haber sido condenado en la justicia ordinaria, la insistencia del coronel Mejía en su inocencia muestra la actitud de un sector de las fuerzas armadas y del mundo político que no reconocen malas prácticas durante las administraciones de Álvaro Uribe. En el juicio de la JEP, la defensa del coronel argumentó que “mi cliente actuó bajo las condiciones propias de la guerra en esa región” y que “es un absurdo exigirle a un militar que controle a todos sus soldados en un terreno tan grande”. Un contexto importante es que esta es la respuesta oficial al asesinato de 75 personas inocentes que luego fueron presentadas como guerrilleras o colaboradoras de la guerrilla. Según el teniente coronel retirado Heber Hernán Gómez Naranjo, “al llegar el coronel Mejía, todo cambió. Veníamos de un coronel sumiso y llega uno con muchos pergaminos y reconocimientos. Una palabra muy recurrente era que el batallón debía ser una máquina de guerra, y que íbamos a obtener los resultados que no se habían logrado antes”. Los resultados fueron el horror y la sangre.
Mejía, por supuesto, tiene derecho a la defensa y al debido proceso, a pesar de ya haber sido derrotado en la justicia ordinaria. Esa fue una de las generosidades del Acuerdo de Paz: reabrir expedientes ya cerrados buscando incentivar el aporte a la verdad. Empero, ahora que la falta de cooperación ha sido la característica de varios máximos responsables, los tribunales de paz deben demostrar que tienen la fuerza para no permitir la impunidad.
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