Al Estado colombiano le va a tomar décadas de pedir perdón para poder reparar a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. Por eso mismo es tan importante que se haga en cada ocasión pública que sea posible, pues se trató de una traición del más alto nivel a miles de inocentes que fueron asesinados y presentados como bajas en combate. El acto de reconocimiento de responsabilidad que vimos esta semana, con el presidente de la República, Gustavo Petro, a la cabeza, tiene un enorme poder simbólico y deberá repetirse una vez la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llegue al final del macrocaso que adelanta sobre los mal llamados falsos positivos. Dejar de negar el horror es el primer paso para obtener una justicia que ayude a sanar tantas heridas abiertas.
El acto fue ordenado desde 2015 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Surgió por el caso de Jaime Estiven Valencia Sanabria, quien con solo 16 años fue asesinado por miembros del Ejército y luego presentado como un éxito más en la lucha contra la criminalidad, en 2008. En total, el Estado colombiano les pidió perdón a las familias de 19 jóvenes de Soacha y Bogotá asesinados entre 2007 y 2008, todos traicionados, todos presentados falsamente como bajas en combate, todos en el marco de la Seguridad Democrática del entonces presidente, Álvaro Uribe. Sus madres, quienes se echaron al hombro las denuncias y la búsqueda de justicia, contaron cómo fueron estigmatizadas por el Estado, por el Ejército y por todas las autoridades a las que les pidieron ayuda. No bastó con asesinarles a sus hijos, también les destrozaron la reputación y las acusaron de querer enlodar el buen nombre de las instituciones.
Primero habló el ministro de Defensa, Iván Velásquez. “En nombre del Estado, del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional”, dijo, “pedimos perdón a ustedes, madres, padres, hermanos, hermanas, esposos, hijos, familiares y a toda la población por los reprochables hechos de desaparición forzada y que luego fueron presentados como bajas en combate. Pedimos perdón por estos crímenes que nos avergüenzan ante el mundo”. Después el presidente Petro señaló que “en Colombia se elegía al que más mataba, y por eso esa fila de jovencitos (asesinados) se fue volviendo interminable, y por eso son interminables la fila y el dolor y la rabia de las madres”. Y concluyó: “Como presidente de la República de Colombia, de este que es un gobierno popular, me permito pedirles perdón, madres”.
Es la primera vez que el Estado colombiano, en voz de sus representantes, ofrece disculpas públicas de esta manera. Es un cambio histórico, pues antes el negacionismo y el silencio eran la norma. Este acto de reconocimiento se suma a lo que ocurrió ante la Comisión de la Verdad, donde altos mandos del Estado también contaron su versión de los hechos. El expresidente de la República y quien fuera ministro de Defensa bajo la Seguridad Democrática, Juan Manuel Santos, terminó en aquel entonces su intervención diciendo: “Eso nunca ha debido pasar. Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias, víctimas de este horror, desde lo más profundo de mi alma”.
Todos estos primeros pasos son bienvenidos, pero mientras el negacionismo persista en sectores con influencia política, el Estado colombiano también tendrá que mantener un rol activo en la búsqueda del perdón como primer paso a la reparación del horror.
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