Un juez no debería comportarse así

En una decisión que sorprendió por su contenido, la magistrada Villamizar, quien hace parte del Tribunal de Cundinamarca, le ordenó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) “aprobar y acoger completamente” el plan del Distrito sobre la Reserva Thomas van der Hammen.

Según el fallo, la propuesta de la administración de Enrique Peñalosa es “conveniente y necesaria” para la protección de la cuenca del río Bogotá. Por eso, aunque la decisión final debía recaer sobre la CAR, la magistrada argumentó que el asunto “tendrá que ser decidido en el Tribunal debido a las consecuencias e implicaciones que tiene para la ciudad y la cuenca”.

En otras palabras, hubo una maroma jurídica para adquirir una competencia que no le había sido asignada por la ley ni por la Constitución. El Tribunal incluso tomó decisiones sobre el Plan de Ordenamiento Territorial que son potestad del Concejo de la ciudad. ¿Eso no es romper el equilibrio de poderes?

Más allá de la discusión (que debe darse) sobre si la propuesta del Distrito para la reserva es la más adecuada, es urgente hablar de la crisis institucional que posiciones como la de Villamizar causan.

En entrevista con Blu Radio, la magistrada dijo que “estamos cogobernando con el Ejecutivo y la administración pública. Estamos construyendo un nuevo país, eso es lo que estamos haciendo”. Hablando con El Espectador, cuando se le preguntó si no estaba tomando funciones que le corresponden al Concejo de la ciudad, dijo: “Los concejos no hacen nada, la administración no actúa y mientras tanto la ciudad muere (...) Si yo no tomo decisiones, cuántos años va a durar esto”.

¿Acaso la inacción de una rama del poder público le permite a la otra romper el orden constitucional y tomar decisiones que no le competen? ¿Qué pasa con la necesaria legitimidad democrática que tienen consigo las decisiones políticas sobre la administración de las ciudades? ¿No hay problema en que se vea reemplazada por la voluntad de una funcionaria que no fue elegida por voto popular?

Incluso la Corte Constitucional, que ha tenido que llenar vacíos legislativos, ha sido muy cuidadosa en dejarle las decisiones más importantes al Congreso, para no usurpar su competencia.

Las reglas existen por un motivo. La separación de poderes es una salvaguarda contra el autoritarismo caprichoso. Dentro de la organización del Estado, la Rama Judicial está llamada a cerciorarse de que las normas se cumplan. Para eso, debe actuar con autonomía, independencia y, sobre todo, prudencia. Su legitimidad radica en la confianza que despierta entre los colombianos. Cuando decide “cogobernar” rompe el equilibrio y vulnera su objetivo esencial.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

En una decisión que sorprendió por su contenido, la magistrada Villamizar, quien hace parte del Tribunal de Cundinamarca, le ordenó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) “aprobar y acoger completamente” el plan del Distrito sobre la Reserva Thomas van der Hammen.

Según el fallo, la propuesta de la administración de Enrique Peñalosa es “conveniente y necesaria” para la protección de la cuenca del río Bogotá. Por eso, aunque la decisión final debía recaer sobre la CAR, la magistrada argumentó que el asunto “tendrá que ser decidido en el Tribunal debido a las consecuencias e implicaciones que tiene para la ciudad y la cuenca”.

En otras palabras, hubo una maroma jurídica para adquirir una competencia que no le había sido asignada por la ley ni por la Constitución. El Tribunal incluso tomó decisiones sobre el Plan de Ordenamiento Territorial que son potestad del Concejo de la ciudad. ¿Eso no es romper el equilibrio de poderes?

Más allá de la discusión (que debe darse) sobre si la propuesta del Distrito para la reserva es la más adecuada, es urgente hablar de la crisis institucional que posiciones como la de Villamizar causan.

En entrevista con Blu Radio, la magistrada dijo que “estamos cogobernando con el Ejecutivo y la administración pública. Estamos construyendo un nuevo país, eso es lo que estamos haciendo”. Hablando con El Espectador, cuando se le preguntó si no estaba tomando funciones que le corresponden al Concejo de la ciudad, dijo: “Los concejos no hacen nada, la administración no actúa y mientras tanto la ciudad muere (...) Si yo no tomo decisiones, cuántos años va a durar esto”.

¿Acaso la inacción de una rama del poder público le permite a la otra romper el orden constitucional y tomar decisiones que no le competen? ¿Qué pasa con la necesaria legitimidad democrática que tienen consigo las decisiones políticas sobre la administración de las ciudades? ¿No hay problema en que se vea reemplazada por la voluntad de una funcionaria que no fue elegida por voto popular?

Incluso la Corte Constitucional, que ha tenido que llenar vacíos legislativos, ha sido muy cuidadosa en dejarle las decisiones más importantes al Congreso, para no usurpar su competencia.

Las reglas existen por un motivo. La separación de poderes es una salvaguarda contra el autoritarismo caprichoso. Dentro de la organización del Estado, la Rama Judicial está llamada a cerciorarse de que las normas se cumplan. Para eso, debe actuar con autonomía, independencia y, sobre todo, prudencia. Su legitimidad radica en la confianza que despierta entre los colombianos. Cuando decide “cogobernar” rompe el equilibrio y vulnera su objetivo esencial.

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