Un nuevo acuerdo de paz

El sábado las delegaciones del Gobierno y las Farc en La Habana firmaron el nuevo acuerdo de paz que ambos ven como definitivo. Aunque es pertinente revisar con cuidado el texto final de lo pactado, y queda en el aire el fundamental tema de la refrendación, celebramos la noticia y esperamos que esta sea la solución a la incertidumbre que surgió después del plebiscito.

La primera conclusión ineludible sobre lo ocurrido es que los partidarios del No tenían razón: era viable renegociar ciertas cosas y conseguir un respaldo social mucho más amplio al acuerdo. Hicieron muy bien el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de la Calle, cada uno en sus discursos, al reconocer los aportes esenciales que hicieron los voceros de la posición que triunfó en el plebiscito. Invitamos a los representantes del No a entender este gesto de buena voluntad por fuera del cinismo típico de nuestra cultura política. La coyuntura histórica así lo exige.

La segunda conclusión es que, a menos que haya intereses políticos individualistas detrás de los análisis, es muy complicado decir que se trató de una reforma cosmética. Ese miedo, que muchos partidarios del No promovieron durante el proceso de renegociación, ha quedado resuelto con los cambios introducidos, que no son menores. Las restricciones a la Jurisdicción Especial para la Paz, el compromiso de reparación a las víctimas con bienes de las Farc, la aclaración sobre la conexidad del narcotráfico y el delito político, y la pena de la restricción efectiva de la movilidad son resultados directos de las conversaciones con el No y son puntos donde las Farc no parecían muy dispuestas a ceder.

Por supuesto, lo anterior significa que los cambios no adoptaron absolutamente todo lo propuesto, pero era imposible. De nuevo, no sobra recordar que se trataba de una negociación, no una rendición, y que era necesario que todos los involucrados cedieran si en verdad el interés era conseguir un acuerdo plausible.

Sobre eso último queremos expresar nuestra gratitud y admiración para De la Calle, Sergio Jaramillo y todo el equipo negociador. Ante una situación complejísima, demostraron nuevamente su capacidad de escuchar y conciliar a todas las partes en pugna. De nuevo: gracias.

Hay quienes, dentro del No, critican que el Gobierno haya decidido firmar el acuerdo sin antes socializarlo con ellos. Sin embargo, desde siempre estuvo claro que la administración Santos seguía siendo la única interlocutora ante las Farc, y que el acuerdo era entre ella y la guerrilla. Convertir a los negociadores en mensajeros de un ir y venir lo único que hubiese logrado es posponer innecesariamente el acuerdo, volver aún más difícil el diálogo y atentar contra el frágil cese bilateral del fuego.

Queda pendiente, no obstante, la pregunta por la refrendación. Si bien el Congreso es el espacio democrático legítimo para gestionar lo acordado, la existencia de una votación previa sí introduce una pregunta sobre cómo garantizar que los colombianos se sientan representados por lo pactado. Hay varias opciones sobre la mesa que habrá que discutir en los próximos días.

Finalmente, queremos plantear una tercera conclusión preocupante: la paz no es únicamente la dejación de armas. Eso lo comprendía el primer acuerdo, con su ambición de traer reformas estructurales que permitan cambiar la cultura política y atajen la desigualdad. Aunque hace falta estudiar el texto final, los anuncios sobre el catastro en el nuevo pacto dejan el sinsabor de que se cedió en una iniciativa que pretendía atacar el corazón del atraso rural. Ojalá no sea así. Esta es la oportunidad para reinventarnos el país, no para reafirmar las mismas fallas históricas.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com

El sábado las delegaciones del Gobierno y las Farc en La Habana firmaron el nuevo acuerdo de paz que ambos ven como definitivo. Aunque es pertinente revisar con cuidado el texto final de lo pactado, y queda en el aire el fundamental tema de la refrendación, celebramos la noticia y esperamos que esta sea la solución a la incertidumbre que surgió después del plebiscito.

La primera conclusión ineludible sobre lo ocurrido es que los partidarios del No tenían razón: era viable renegociar ciertas cosas y conseguir un respaldo social mucho más amplio al acuerdo. Hicieron muy bien el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de la Calle, cada uno en sus discursos, al reconocer los aportes esenciales que hicieron los voceros de la posición que triunfó en el plebiscito. Invitamos a los representantes del No a entender este gesto de buena voluntad por fuera del cinismo típico de nuestra cultura política. La coyuntura histórica así lo exige.

La segunda conclusión es que, a menos que haya intereses políticos individualistas detrás de los análisis, es muy complicado decir que se trató de una reforma cosmética. Ese miedo, que muchos partidarios del No promovieron durante el proceso de renegociación, ha quedado resuelto con los cambios introducidos, que no son menores. Las restricciones a la Jurisdicción Especial para la Paz, el compromiso de reparación a las víctimas con bienes de las Farc, la aclaración sobre la conexidad del narcotráfico y el delito político, y la pena de la restricción efectiva de la movilidad son resultados directos de las conversaciones con el No y son puntos donde las Farc no parecían muy dispuestas a ceder.

Por supuesto, lo anterior significa que los cambios no adoptaron absolutamente todo lo propuesto, pero era imposible. De nuevo, no sobra recordar que se trataba de una negociación, no una rendición, y que era necesario que todos los involucrados cedieran si en verdad el interés era conseguir un acuerdo plausible.

Sobre eso último queremos expresar nuestra gratitud y admiración para De la Calle, Sergio Jaramillo y todo el equipo negociador. Ante una situación complejísima, demostraron nuevamente su capacidad de escuchar y conciliar a todas las partes en pugna. De nuevo: gracias.

Hay quienes, dentro del No, critican que el Gobierno haya decidido firmar el acuerdo sin antes socializarlo con ellos. Sin embargo, desde siempre estuvo claro que la administración Santos seguía siendo la única interlocutora ante las Farc, y que el acuerdo era entre ella y la guerrilla. Convertir a los negociadores en mensajeros de un ir y venir lo único que hubiese logrado es posponer innecesariamente el acuerdo, volver aún más difícil el diálogo y atentar contra el frágil cese bilateral del fuego.

Queda pendiente, no obstante, la pregunta por la refrendación. Si bien el Congreso es el espacio democrático legítimo para gestionar lo acordado, la existencia de una votación previa sí introduce una pregunta sobre cómo garantizar que los colombianos se sientan representados por lo pactado. Hay varias opciones sobre la mesa que habrá que discutir en los próximos días.

Finalmente, queremos plantear una tercera conclusión preocupante: la paz no es únicamente la dejación de armas. Eso lo comprendía el primer acuerdo, con su ambición de traer reformas estructurales que permitan cambiar la cultura política y atajen la desigualdad. Aunque hace falta estudiar el texto final, los anuncios sobre el catastro en el nuevo pacto dejan el sinsabor de que se cedió en una iniciativa que pretendía atacar el corazón del atraso rural. Ojalá no sea así. Esta es la oportunidad para reinventarnos el país, no para reafirmar las mismas fallas históricas.

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