El encuentro fallido del presidente Iván Duque con la minga en el Cauca volvió a despertar las tensiones, promete fortalecer el paro nacional convocado para el 25 de abril y tiene a lado y lado intercambiando acusaciones de responsabilidad. Es lamentable que la intransigencia vuelva a ser determinante en esta pugna.
Aunque el presidente había prometido reunirse con todos los integrantes de la minga en la plaza de Caldono, al norte del Cauca, tuvo que cambiar de planes a último momento. Por información de la Fiscalía y del Ministerio de Defensa, se sospechaba que infiltrados podrían aprovechar el encuentro en un lugar tan público para atentar contra el mandatario. Por eso se propuso que se moviera el encuentro a un espacio cerrado, mucho más controlado, a solo 200 metros de la plaza, con capacidad de recibir a 200 líderes de la minga. Ese fue, no obstante, el florero de Llorente.
Los indígenas se rehusaron a cambiar de lugar y el Gobierno, que tenía altos representantes además del presidente, como la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, tampoco cedió. Al final, en rueda de prensa, Neis Lame, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, dijo: “No había razón para no venir aquí, con toda su tecnología y la seguridad que tiene y no fueron capaces de brindarle su seguridad”.
Nos parece que esa es una posición irresponsable. ¿Por qué criticar al presidente si hizo presencia y propuso un espacio cercano para tener la reunión? No solo eso, sino que consigo llevó a funcionarios de su gobierno que tienen capacidad ejecutoria. ¿Acaso la seguridad del mandatario no era suficiente para la incomodidad que causó la modificación del punto de encuentro? Fue intempestivo, sí, pero no se trató de una cancelación de lo acordado ni de un intento por evitar darle la cara a la minga.
Decir que se trató de una ofensa a la minga es buscar sacarle provecho político al desencuentro. ¿Vamos, de verdad, a seguir dando discusiones inconducentes que solo quieren afectar la gobernabilidad del Estado?
Glosa aparte ameritan las declaraciones públicas del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, sobre las amenazas al presidente. ¿Cuál era la necesidad de utilizar los micrófonos de los medios para denunciar el posible atentado? ¿No era suficiente informarlo de manera confidencial a inteligencia y a la seguridad del presidente? ¿Ignora acaso el fiscal que hablar públicamente de este tipo de situaciones es fomentar la estigmatización contra los miembros de la minga? ¿O se buscaba, precisamente, lograr eso?
Deslegitimar la protesta social es muy fácil y, por eso, las autoridades deben ser muy cuidadosas sobre sus comunicaciones. Si bien el fiscal no responsabilizó a la minga, y habló de infiltrados, el daño igual está hecho y eso causó justa indignación entre los indígenas. Si el objetivo era proteger al presidente, no había motivos para hacer show mediático. Eso solo colaboró a que aumentara la tensión y siguiera la polarización en el país.
Después de un acuerdo mesurado, volvemos a los ánimos caldeados. Un paso adelante y otro atrás.
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