El asesinato del periodista y líder social Jorge Méndez es un golpe más al oficio en el país y, en particular, una muestra de la deplorable situación de orden público en Norte de Santander. Méndez fue encontrado el pasado 27 de junio con impactos de bala y signos de tortura en Tibú ,y su caso, aún bajo estudio, se une a una creciente lista de periodistas amenazados, asesinados y perseguidos. Las autoridades siguen sin poder dar cuenta de los responsables ni medidas de seguridad suficientes, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se unió a las voces de alerta.
Méndez era conocido por una página de Facebook llamada “La Gabarra con una imagen diferente”. Se trataba de un esfuerzo periodístico y cívico valiente, en una zona históricamente marcada por la violencia y con fuerte presencia de varios grupos criminales. En el comunicado donde lamentan su asesinato, la Alcaldía de Tibú explicó que Méndez “logró proyectar de manera positiva y resiliente a su comunidad y sus diversos sectores”, y pidió “a las autoridades competentes investigar de manera rápida y efectiva este lamentable suceso”. La frustración es la misma que hemos conocido en casos similares, donde la presencia de los grupos ilegales se hace ineludible y las esperanzas de justicia son escasas.
Cuando ocurrió el asesinato de Méndez, la Fundación para la Libertad de Prensa y la Federación Internacional de Periodistas repudiaron lo ocurrido. Ahora la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, dirigida por el colombiano Pedro Vaca, se unió a los llamados de justicia. En un comunicado publicado el lunes, la CIDH escribe que “el asesinato de periodistas es la forma más extrema de censura, pues este tipo de actos produce un marcado efecto de autocensura y temor entre colegas periodistas, medios de comunicación y la sociedad”. Por eso, agrega, “los Estados son responsables de prevenir e investigar estos actos, sancionar a los responsables y garantizar una adecuada reparación a las víctimas”.
El problema es que Norte de Santander viene en un franco deterioro a causa de la disputa entre organizaciones criminales y la incapacidad del Estado de ejercer el monopolio de la fuerza. Los dineros ilegales en esa frontera esencial con Venezuela han fortalecido y fomentado los casos de sicariato. Con corte a junio, en este año se reportaron 176 actos de sicariato en el área metropolitana de Cúcuta. En mayo, el Comité Intergremial de Norte de Santander expresó “su profunda preocupación por el grave deterioro de la seguridad en nuestro departamento”. Wilfredo Canizares, director de la Fundación Progresar Norte de Santander, lo puso en términos crudos y certeros cuando habló con El País de España: “Aquí hay una anarquía criminal. No hay un lugar seguro en Cúcuta”. Es poco lo que se puede agregrar después de un diagnóstico tan certero.
El gobierno de Gustavo Petro ha mencionado que Norte de Santander es una de sus prioridades y lo propio ha hecho su Ministerio de Defensa. Empero, mientras persista la desigualdad, el alto desempleo y la influencia de los grupos criminales, la frontera seguirá siendo una zona sin control y de alto riesgo. Desde hace tiempo están pidiendo a gritos una solución.
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