Un referendo inútil e inconveniente

El Gobierno Nacional quiere subirse al tren de los mecanismos de participación ciudadana en temas sensibles para la opinión pública. La propuesta, revelada por Blu Radio, de convocar a un referendo para reformar la justicia es una distracción innecesaria en medio de escándalos tensionantes y, más preocupante aún, desconoce que los problemas de la administración de justicia requieren soluciones complejas cuyas discusiones no son las más propicias para las urnas. Para evitar una Asamblea Constituyente deben intentarse otros mecanismos antes.

Ayer, la emisora Blu Radio contó que en el Gobierno se tomó la decisión de convocar a un referendo para reformar la justicia. Tentativamente, la administración de Juan Manuel Santos quiere presentar el proyecto de referendo antes de que termine septiembre, para que los colombianos salgan a votar el 10 de marzo, en vísperas de las elecciones parlamentarias. El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, es el encargado de liderar los trámites de la iniciativa y al parecer ya les contó a los presidentes de las altas cortes esa idea.

El referendo les plantearía a los colombianos preguntas con el objetivo de reformar puntos álgidos dentro de la administración de la justicia. Es así como se buscaría eliminar las facultades electorales de las altas cortes, crear un nuevo órgano para juzgar a los magistrados de las cortes, mejorar la formación de los profesionales del derecho y adoptar medidas de descongestión judicial.

La pregunta obvia es: ¿de verdad necesitamos convocar a los colombianos a las urnas para contestar esas preguntas? Además, como lo cuestionó Ana Cristina Restrepo en Blu Radio, ¿qué necesidad hay de plantear una pregunta como la de la educación de los abogados? ¿Acaso eso ya no se hace? ¿No es más bien un problema de la cantidad de personas que se gradúan de esa profesión sin mayor vigilancia? Y, sobre la congestión judicial, ¿no han hecho falta recursos y reformas útiles? ¿Qué ganamos con que los colombianos expresen su inconformidad sobre este tema?

Se ha dicho que la propuesta del referendo busca neutralizar la también insensata propuesta de una Asamblea Constituyente para reformar la justicia. En una carta, el procurador Fernando Carrillo explicó que “una constituyente, en medio de la polarización y un debate electoral, sería dar un salto al vacío”. Estamos de acuerdo. Pero un referendo no es una solución entre otros motivos porque dar una discusión técnica, que requiere educar mucho a los colombianos, en medio de la violencia retórica de una época electoral, es desperdiciar recursos y esfuerzos.

Además, la Constitución establece los mecanismos para reformar la justicia. Debería promoverse un acto legislativo que sea ambicioso y cuente con el respaldo de todos los partidos, los que están ahora en el Congreso y los que lleguen después de las próximas elecciones. Las altas cortes, por su parte, deben entender que no pueden seguir metiéndole palos a la rueda de su reforma, ya que todavía está fresco el fiasco del intento por reformar el equilibrio de poderes.

En este momento la atención del país y de las fuerzas políticas no se puede someter a otro proceso electoral, con todos sus gastos y vicios. Reformar la justicia debe hacerse pronto, sin buscar salidas fáciles como un referendo.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

El Gobierno Nacional quiere subirse al tren de los mecanismos de participación ciudadana en temas sensibles para la opinión pública. La propuesta, revelada por Blu Radio, de convocar a un referendo para reformar la justicia es una distracción innecesaria en medio de escándalos tensionantes y, más preocupante aún, desconoce que los problemas de la administración de justicia requieren soluciones complejas cuyas discusiones no son las más propicias para las urnas. Para evitar una Asamblea Constituyente deben intentarse otros mecanismos antes.

Ayer, la emisora Blu Radio contó que en el Gobierno se tomó la decisión de convocar a un referendo para reformar la justicia. Tentativamente, la administración de Juan Manuel Santos quiere presentar el proyecto de referendo antes de que termine septiembre, para que los colombianos salgan a votar el 10 de marzo, en vísperas de las elecciones parlamentarias. El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, es el encargado de liderar los trámites de la iniciativa y al parecer ya les contó a los presidentes de las altas cortes esa idea.

El referendo les plantearía a los colombianos preguntas con el objetivo de reformar puntos álgidos dentro de la administración de la justicia. Es así como se buscaría eliminar las facultades electorales de las altas cortes, crear un nuevo órgano para juzgar a los magistrados de las cortes, mejorar la formación de los profesionales del derecho y adoptar medidas de descongestión judicial.

La pregunta obvia es: ¿de verdad necesitamos convocar a los colombianos a las urnas para contestar esas preguntas? Además, como lo cuestionó Ana Cristina Restrepo en Blu Radio, ¿qué necesidad hay de plantear una pregunta como la de la educación de los abogados? ¿Acaso eso ya no se hace? ¿No es más bien un problema de la cantidad de personas que se gradúan de esa profesión sin mayor vigilancia? Y, sobre la congestión judicial, ¿no han hecho falta recursos y reformas útiles? ¿Qué ganamos con que los colombianos expresen su inconformidad sobre este tema?

Se ha dicho que la propuesta del referendo busca neutralizar la también insensata propuesta de una Asamblea Constituyente para reformar la justicia. En una carta, el procurador Fernando Carrillo explicó que “una constituyente, en medio de la polarización y un debate electoral, sería dar un salto al vacío”. Estamos de acuerdo. Pero un referendo no es una solución entre otros motivos porque dar una discusión técnica, que requiere educar mucho a los colombianos, en medio de la violencia retórica de una época electoral, es desperdiciar recursos y esfuerzos.

Además, la Constitución establece los mecanismos para reformar la justicia. Debería promoverse un acto legislativo que sea ambicioso y cuente con el respaldo de todos los partidos, los que están ahora en el Congreso y los que lleguen después de las próximas elecciones. Las altas cortes, por su parte, deben entender que no pueden seguir metiéndole palos a la rueda de su reforma, ya que todavía está fresco el fiasco del intento por reformar el equilibrio de poderes.

En este momento la atención del país y de las fuerzas políticas no se puede someter a otro proceso electoral, con todos sus gastos y vicios. Reformar la justicia debe hacerse pronto, sin buscar salidas fáciles como un referendo.

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