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Ya era vergonzoso que Juan Pablo Bieri, después de renunciar a su cargo en RTVC por censurar un programa y mentirle al país, hubiese sido contratado de nuevo por el presidente Iván Duque. Ahora, en un ataque directo a la libertad de prensa con dejos de autoritarismo, la Fiscalía pretende llevar a juicio a la periodista que, sospecha, pudo haber dado a conocer la prueba de las malas prácticas del asesor presidencial. ¡El país al revés! Los violadores de la libertad de expresión terminan premiados y quienes prenden las alarmas son perseguidos por el ente investigador. El mensaje es claro y genera incertidumbre.
Juan Pablo Bieri operó en la dirección de RTVC como censor. Molesto porque el periodista Santiago Rivas salió en un episodio de La Pulla de El Espectador expresando una crítica al Gobierno, ordenó matar su programa (Los Puros Criollos) y alejarlo de RTVC. “Matamos la producción, la ponemos a las tres de la mañana”, dijo en un audio que se dio a conocer. “¿Cómo hacemos para que (Santiago Rivas) no salga más en nuestros productos? (...) Mejor dicho, no hay posibilidad de que en esta gerencia Santiago vuelva a trabajar con esta empresa. En ninguna coproducción y producción. No hay posibilidad”. Días antes, Bieri había dado un tour por medios de comunicación diciendo que no había tal censura contra Rivas. En síntesis, Bieri hizo un acto de censura, como retaliación por un pensamiento crítico, y luego les mintió a los colombianos sobre lo ocurrido, queriendo manipular el debate público. Ese es el comportamiento que luego fue premiado por el presidente Iván Duque.
Ahora, la Fiscalía anuncia que imputará cargos contra la periodista Diana Marcela Díaz Toro, quien trabajaba en RTVC. Según el ente investigador, ella utilizó un asunto sometido a secreto o reserva, al dar a conocer que Bieri ordenó la censura de un programa que se paga con los impuestos de todos los colombianos.
Para llegar a esa conclusión, el ente investigador ha tomado pasos agresivos. Ordenó la inspección de las instalaciones de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), pidió ver el registro de todos los visitantes y citó a tres integrantes de la Fundación a entrevista sobre el caso. Aunque la inspección, según la Fiscalía, no se realizó porque la Flip dijo no tener videos, ¿de cuándo acá los entes judiciales tendrían la libertad de revisar quiénes visitan organizaciones protectoras de los derechos humanos? ¿También ocurre con los periodistas? ¿Qué pasa con el derecho a la utilización de fuentes anónimas? ¿Acaso no se da cuenta la Fiscalía del mensaje perverso que envía? ¿Acaso no saben que, como dijo la Flip en un comunicado, “está constitucionalmente prohibido y es injustificado citar a un periodista a rendir testimonio o entrevista en relación con información suministrada por sus fuentes”?
Lo que pretendía hacer la Fiscalía es un acto de intimidación. Peor aún, todo el proceso contra Díaz Toro tiene raíces cuestionables. Incluso si dio a conocer un asunto bajo reserva, algo que varios juristas cuestionan, lo que hizo fue evidenciar las malas prácticas de un funcionario público que quería imponer la censura en RTVC. Los colombianos tenían derecho a saber que estaban siendo engañados por Bieri, que la libertad del sistema de medios públicos estaba en riesgo. ¿Eso es lo que persigue la Fiscalía? ¿Juzgar a una persona que —si es que fue ella quien filtró la información— lo que hizo fue fortalecer la democracia?
Insistimos: todo lo relacionado con este caso va de vergüenza en vergüenza, tanto para el Gobierno de Iván Duque como para la Fiscalía de su escogido, Francisco Barbosa.
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