Una afrenta a la soberanía nacional

Con una petición sustentada en una alegada falta de garantías y en la constante filtración de información a los medios, hechos que la llevaban a sentirse condenada de antemano, Hurtado ha conseguido, de la mano del gobierno panameño, burlarse de nuestra justicia. Una burla que además de poner en entredicho la competencia del Estado, deja de presente un uso impropio de la figura del asilo. A María del Pilar Hurtado no le fueron violados sus derechos fundamentales. Simplemente se le abrió un proceso penal, bajo el amparo de toda legalidad.

Resulta ridículo, por decir lo menos, que por estar alguien sometido a la justicia un país pueda conceder impunemente un asilo. Pero igual o más ridículo aún es que el país que ha recibido tal afrenta responda diciendo que “aceptamos la decisión”, concediendo de manera tácita la culpa, como lo hizo el viernes pasado la canciller Holguín, quien sólo lamentó que el gobierno del presidente Ricardo Martinelli no hubiera “consultado” al gobierno Santos teniendo en cuenta la “relación tan buena y tan fructífera” que hay entre ambos países. ¿Qué se podía esperar acaso que consultara un país que decide violentar una figura internacional, utilizada para proteger de persecución política, religiosa o racial, para entorpecer la justicia de otro? Los delitos que eventualmente le serían imputados a Hurtado, interceptación ilegal de comunicaciones y concierto para delinquir, son delitos comunes, tan comunes como puede ser el robo. ¿Concederá asilo también el gobierno de Martinelli a todos nuestros ladrones?

 Hasta el cierre de esta edición, tanto la posición del gobierno panameño como la del Gobierno colombiano —el cual, en voz del ministro delegatario Germán Vargas Lleras, se limitó a afirmar que este asilo es ilógico e irrazonable— son igualmente incomprensibles, pues hasta para el observador más desprevenido es claro que la decisión del presidente Martinelli no tiene fundamento en el derecho internacional. No menos enigmática resulta la posición del fiscal general (e), Guillermo Mendoza Diago, a quien la opinión pública no ha hecho más que urgirle celeridad en los procesos por el escándalo de las ‘chuzadas’ del DAS y quien, ante la noticia, lo único que atinó a decir es que el caso contra Hurtado seguirá y, de encontrarla culpable, procedería a pedirse su extradición. Es decir, ahora estamos llamados a confiar que un gobierno que concedió, de manera arbitraria, una figura de inmunidad como el asilo va a conceder la extradición de su protegida. Incomprensible e indignante el panorama.

Lo único que resta esperar es que el Gobierno colombiano restablezca el orden correcto y haga una reclamación diplomática formal, porque lo contrario es aceptar ante el mundo que Colombia es un Estado violador de derechos fundamentales cuya justicia es arbitraria. Y si tal acción no diera resultado, se debe apelar a organismos internacionales, como la OEA, para exigir el respeto a la soberanía de nuestro Estado.

 Por lo demás, no tiene presentación y muy mal le caería al restablecimiento de la institucionalidad y entendimiento de las ramas que se venía dando en los últimos meses, que los acusados de perseguir a los magistrados de la Corte Suprema, entre otros, puedan evadir sus responsabilidades penales simplemente porque el presidente Martinelli, cercano amigo del ex presidente Uribe, así lo ha querido. El presidente Santos tiene el reto de manejar las cosas con el suficiente tacto, pero con la necesaria transparencia, para que no sólo Hurtado vuelva a enfrentar la justicia colombiana, como es debido y con plenas garantías, sino para que nadie pueda sospechar que el Ejecutivo no se comprometió con el respeto de una de las ramas del poder público.

Con una petición sustentada en una alegada falta de garantías y en la constante filtración de información a los medios, hechos que la llevaban a sentirse condenada de antemano, Hurtado ha conseguido, de la mano del gobierno panameño, burlarse de nuestra justicia. Una burla que además de poner en entredicho la competencia del Estado, deja de presente un uso impropio de la figura del asilo. A María del Pilar Hurtado no le fueron violados sus derechos fundamentales. Simplemente se le abrió un proceso penal, bajo el amparo de toda legalidad.

Resulta ridículo, por decir lo menos, que por estar alguien sometido a la justicia un país pueda conceder impunemente un asilo. Pero igual o más ridículo aún es que el país que ha recibido tal afrenta responda diciendo que “aceptamos la decisión”, concediendo de manera tácita la culpa, como lo hizo el viernes pasado la canciller Holguín, quien sólo lamentó que el gobierno del presidente Ricardo Martinelli no hubiera “consultado” al gobierno Santos teniendo en cuenta la “relación tan buena y tan fructífera” que hay entre ambos países. ¿Qué se podía esperar acaso que consultara un país que decide violentar una figura internacional, utilizada para proteger de persecución política, religiosa o racial, para entorpecer la justicia de otro? Los delitos que eventualmente le serían imputados a Hurtado, interceptación ilegal de comunicaciones y concierto para delinquir, son delitos comunes, tan comunes como puede ser el robo. ¿Concederá asilo también el gobierno de Martinelli a todos nuestros ladrones?

 Hasta el cierre de esta edición, tanto la posición del gobierno panameño como la del Gobierno colombiano —el cual, en voz del ministro delegatario Germán Vargas Lleras, se limitó a afirmar que este asilo es ilógico e irrazonable— son igualmente incomprensibles, pues hasta para el observador más desprevenido es claro que la decisión del presidente Martinelli no tiene fundamento en el derecho internacional. No menos enigmática resulta la posición del fiscal general (e), Guillermo Mendoza Diago, a quien la opinión pública no ha hecho más que urgirle celeridad en los procesos por el escándalo de las ‘chuzadas’ del DAS y quien, ante la noticia, lo único que atinó a decir es que el caso contra Hurtado seguirá y, de encontrarla culpable, procedería a pedirse su extradición. Es decir, ahora estamos llamados a confiar que un gobierno que concedió, de manera arbitraria, una figura de inmunidad como el asilo va a conceder la extradición de su protegida. Incomprensible e indignante el panorama.

Lo único que resta esperar es que el Gobierno colombiano restablezca el orden correcto y haga una reclamación diplomática formal, porque lo contrario es aceptar ante el mundo que Colombia es un Estado violador de derechos fundamentales cuya justicia es arbitraria. Y si tal acción no diera resultado, se debe apelar a organismos internacionales, como la OEA, para exigir el respeto a la soberanía de nuestro Estado.

 Por lo demás, no tiene presentación y muy mal le caería al restablecimiento de la institucionalidad y entendimiento de las ramas que se venía dando en los últimos meses, que los acusados de perseguir a los magistrados de la Corte Suprema, entre otros, puedan evadir sus responsabilidades penales simplemente porque el presidente Martinelli, cercano amigo del ex presidente Uribe, así lo ha querido. El presidente Santos tiene el reto de manejar las cosas con el suficiente tacto, pero con la necesaria transparencia, para que no sólo Hurtado vuelva a enfrentar la justicia colombiana, como es debido y con plenas garantías, sino para que nadie pueda sospechar que el Ejecutivo no se comprometió con el respeto de una de las ramas del poder público.