Con 19 departamentos del país paralizados por bloqueos de grupos de camioneros, con sus ministros empleando una retórica cada vez más hostil contra los manifestantes, con las ciudades en riesgo de desabastecimiento y teniendo que suspender clases en colegios públicos, el presidente de la República, Gustavo Petro, decidió hacer una alocución al país. Al empezar, sin embargo, fue claro: no venía a hablar del paro. ¿Qué podía ser más urgente que lo que estaba en boca de todos? Según el mandatario, una denuncia, comunicada con bastante torpeza, de la compra irregular de un software para interceptar comunicaciones en el gobierno pasado. Lo extraño es que las sospechas ya se conocían desde abril. ¿Por qué, entonces, pedir que la atención de Colombia se redirija a una alocución confusa y sin aportar pruebas?
No pretendemos reducir la importancia de lo dicho por el presidente Petro. Según un documento de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), leído por el mandatario, el 27 de junio de 2021 fueron declarados a la aduana israelí y depositados en la cuenta de NSO Technologies US$5,5 millones, con un pago adicional de US$5,5 millones restantes. Esto para la compra de Pegasus, equipo tecnológico creado por la empresa israelí para espiar básicamente cualquier tipo de comunicación celular moderna. En varios países, Pegasus y NSO Technologies han estado en medio del ojo del huracán de escándalos relacionados con interceptaciones ilegales. Para completar, el presidente Petro dijo que la compra se habría pagado en efectivo y no constaba en contabilidad alguna. “¿A quiénes más interceptaron? ¿Con qué orden judicial? ¿De dónde salió el dinero? ¿Por qué no se oficializó en el Presupuesto Nacional o en las oficinas de transacciones? ¿Es un lavado de activos hecho desde nuestro propio Estado para interferir las comunicaciones de quiénes?”, preguntó el presidente.
Todas son preguntas necesarias. Si es cierto que el gobierno de Iván Duque compró de espaldas al país un software de espionaje, y dicho sistema está operando, se trata de un escándalo de proporciones mayores, una violación a la Constitución y una traición a los colombianos. Ahora, el presidente Petro también debe responder varias cosas: ¿por qué no aportar esa prueba a la Fiscalía y utilizar los mecanismos institucionales adecuados? ¿Por qué anunciarlo al país justo en medio del paro nacional de camioneros? ¿Se acababa de enterar? Y si sí, ¿acaso la coyuntura no exigía más respeto por los manifestantes y por los colombianos preocupados por los bloqueos?
Es, en últimas, una declaración pública contraproducente. Porque la principal respuesta a las graves denuncias es que se trató de una “cortina de humo”, mientras que los manifestantes se sintieron, además de estigmatizados, ignorados por el presidente. Esa desconexión le puede salir cara a un mandatario que necesita mostrar liderazgo para salir de la crisis. Hubo comparaciones a cuando el presidente Juan Manuel Santos negó la existencia del paro agrario. Aunque el presidente Petro ha reconocido la existencia del paro, su alocución, de facto, se sintió como una negación. Eso no es lo que necesita Colombia en este momento. La Casa de Nariño necesita concentrarse.
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