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La decisión de la Corte Constitucional sobre el uso del glifosato abrió la puerta para volver a utilizarlo en el marco de la lucha contra las drogas. Sin embargo, el Gobierno debe reconocer que los argumentos que presentó en las audiencias públicas no fueron del todo aceptados y que tiene la responsabilidad de elaborar un plan que tenga en cuenta la inevitable realidad de los efectos dañinos que produce su aspersión. ¿Podrá Colombia implementar una estrategia antinarcóticos que no solo reduzca las hectáreas de coca, sino que atienda los problemas estructurales que han convertido al país en un terreno fértil para los grupos ilegales?
La discusión de la coca siempre ha estado íntimamente relacionada con el debate sobre el conflicto armado y ahora con el todavía incipiente posconflicto con las Farc. La histórica debilidad estatal y la existencia de zonas marginadas sin presencia del Estado han permitido que los carteles del narcotráfico consoliden redes que, hasta la actualidad, han financiado grupos ilegales y han sido uno de los principales detonantes de la violencia en Colombia.
En ese contexto, el glifosato se ha materializado como un arma de doble filo. Por un lado, es visto por muchos como una de las pocas herramientas para combatir los cultivos, aunque no es ni de cerca suficiente para solucionar el problema. Por el otro, para los pobladores de las zonas marginadas, donde están los cultivos, representa a un Estado hostil que solo se ha presentado para poner en riesgo su salud y que no ha podido otorgar las oportunidades necesarias para abandonar la economía ilegal. Era eso lo que estaba en juego con la pregunta de si reanudar o no las fumigaciones.
La Corte decidió distanciarse del debate, por no decir que se lavó las manos. Le pidió al Gobierno consultar con el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) cuáles son los requisitos necesarios para fumigar minimizando el riesgo de afectar la salud de los colombianos. Es decir, el tribunal desestimó las excusas presentadas por el Ejecutivo sobre cómo el glifosato no era peligroso, pero reconoció que es necesario usarlo, en algunos casos, para frenar el ascenso del narcotráfico. Es una decisión que decepciona y le traslada la responsabilidad al Gobierno. Nos preguntamos: si nada iba a decidir la Corte, ¿para qué tanto desgaste con audiencias y averiguaciones técnicas?
En respuesta a esa responsabilidad, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, dijo que “no es que vayan a ver ustedes volando en todo el país avionetas asperjando. Se tiene que tener la prudencia que un gobierno serio debe tener”. También anunció que pronto convocará al CNE, que es controlado por el Gobierno.
Cualquiera que sea el plan producto de esta nueva realidad, la administración Duque tiene la obligación de armonizarlo con el Acuerdo de Paz, especialmente en sus promesas de sustitución de cultivos y de presencia estatal en las zonas marginadas. También deberá reconocer que los riesgos del glifosato para la salud son reales, algo que implica un cambio en el discurso de un Gobierno donde figuras importantes como el ministro de Defensa y la vicepresidenta caricaturizaron los efectos nocivos de su uso.
Es una oportunidad de demostrar respeto no solo por las instituciones, sino también por las voces disidentes. Si en efecto se hace un proceso transparente y mesurado, el Gobierno debe mostrar que no ha ignorado todas las advertencias y los miedos justificados que sigue produciendo el glifosato. También queda otra pregunta pendiente: aparte de la fumigación, ¿qué pasa con los problemas estructurales que esta esconde?
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