La extraña renuncia del militar retirado Carlos Guillermo Ospina a la Comisión de la Verdad parece enmarcar, de manera lamentable, la actitud de una porción de la Fuerza Pública con todo el proceso de justicia transicional y reconstrucción de relatos sobre lo que ocurrió en el conflicto. Ospina nunca pudo entenderse con los otros comisionados y, en cambio, decidió escribir por su propia cuenta diez tomos contado una versión que, en su opinión, se estaba dejando por fuera. Sin embargo, sus denuncias sobre supuesta censura y participación en política no corresponden con la realidad y sí le hacen mucho daño a la labor de una Comisión que ha venido actuando de manera juiciosa.
Hablando con El Colombiano, Ospina dijo que “la Comisión me censuró (...) Yo no acepto la censura, yo no acepto que me corten esos informes o me los maquillen”. También denunció que en varios momentos lo habían estigmatizado por hacer parte de la Fuerza Pública, que le decían infiltrado y que estaba trabajando para el Gobierno. Finalmente, sembró un manto de duda muy peligroso: “Cuando la responsabilidad en un conflicto armado es netamente del Estado y de sus Fuerzas Militares, pero se deja aparte los otros actores de la convivencia, se le está dando razón política a un sector”.
Lo curioso es que, de todos los comisionados, justo el único representante de la Fuerza Pública fuese el que cortara relación con la Comisión de la Verdad. Su incapacidad de trabajar en conjunto con sus colegas deja entrever uno de los problemas que están en la raíz de los obstáculos del posacuerdo: las versiones al parecer irreconciliables de la realidad. Es una lástima porque si había una entidad idónea para encontrarse en las diferencias y contarle al país un relato complejo era la Comisión de la Verdad, que al no ser un espacio judicial tiene mucha más discrecionalidad en lo que puede contar y en la manera de hacerlo.
“La Comisión de la Verdad mira las cosas con una perspectiva muy de fondo y muy desafiante. Quiero ser muy claro, nosotros no tenemos nada que ver con la campaña política”, dijo Francisco de Roux, director de la Comisión de la Verdad. Su trabajo habla por sí solo. En efecto, que se haya extendido el mandato de la entrega del informe garantiza que, en un año electoral, el relato de la Comisión aterrice después de que los colombianos hayan votado. Eso es clave para que el país pueda recibir, ojalá con sobriedad, lo que sin duda será una mirada difícil de hechos que aún hoy causan mucho dolor.
Se extrañará la voz de Ospina y, en todo el proceso de paz, una participación más proactiva por parte de la Fuerza Pública. Es claro que la construcción de las verdades históricas es un espacio con tensiones y mucha subjetividad, pero por eso mismo debería contar con la participación de todos los actores posibles. Ahora, con las declaraciones de Ospina, ya hay un golpe a la legitimidad de un informe que ni siquiera se ha publicado, lo que anuncia que la polarización del país está lejos de corregirse. Lo propio sería esperar a conocer el texto final y ahí Colombia podrá juzgar si el relato propuesto cumple con los objetivos de la Comisión.
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La extraña renuncia del militar retirado Carlos Guillermo Ospina a la Comisión de la Verdad parece enmarcar, de manera lamentable, la actitud de una porción de la Fuerza Pública con todo el proceso de justicia transicional y reconstrucción de relatos sobre lo que ocurrió en el conflicto. Ospina nunca pudo entenderse con los otros comisionados y, en cambio, decidió escribir por su propia cuenta diez tomos contado una versión que, en su opinión, se estaba dejando por fuera. Sin embargo, sus denuncias sobre supuesta censura y participación en política no corresponden con la realidad y sí le hacen mucho daño a la labor de una Comisión que ha venido actuando de manera juiciosa.
Hablando con El Colombiano, Ospina dijo que “la Comisión me censuró (...) Yo no acepto la censura, yo no acepto que me corten esos informes o me los maquillen”. También denunció que en varios momentos lo habían estigmatizado por hacer parte de la Fuerza Pública, que le decían infiltrado y que estaba trabajando para el Gobierno. Finalmente, sembró un manto de duda muy peligroso: “Cuando la responsabilidad en un conflicto armado es netamente del Estado y de sus Fuerzas Militares, pero se deja aparte los otros actores de la convivencia, se le está dando razón política a un sector”.
Lo curioso es que, de todos los comisionados, justo el único representante de la Fuerza Pública fuese el que cortara relación con la Comisión de la Verdad. Su incapacidad de trabajar en conjunto con sus colegas deja entrever uno de los problemas que están en la raíz de los obstáculos del posacuerdo: las versiones al parecer irreconciliables de la realidad. Es una lástima porque si había una entidad idónea para encontrarse en las diferencias y contarle al país un relato complejo era la Comisión de la Verdad, que al no ser un espacio judicial tiene mucha más discrecionalidad en lo que puede contar y en la manera de hacerlo.
“La Comisión de la Verdad mira las cosas con una perspectiva muy de fondo y muy desafiante. Quiero ser muy claro, nosotros no tenemos nada que ver con la campaña política”, dijo Francisco de Roux, director de la Comisión de la Verdad. Su trabajo habla por sí solo. En efecto, que se haya extendido el mandato de la entrega del informe garantiza que, en un año electoral, el relato de la Comisión aterrice después de que los colombianos hayan votado. Eso es clave para que el país pueda recibir, ojalá con sobriedad, lo que sin duda será una mirada difícil de hechos que aún hoy causan mucho dolor.
Se extrañará la voz de Ospina y, en todo el proceso de paz, una participación más proactiva por parte de la Fuerza Pública. Es claro que la construcción de las verdades históricas es un espacio con tensiones y mucha subjetividad, pero por eso mismo debería contar con la participación de todos los actores posibles. Ahora, con las declaraciones de Ospina, ya hay un golpe a la legitimidad de un informe que ni siquiera se ha publicado, lo que anuncia que la polarización del país está lejos de corregirse. Lo propio sería esperar a conocer el texto final y ahí Colombia podrá juzgar si el relato propuesto cumple con los objetivos de la Comisión.
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