La jurisdicción agraria y rural fue protagonista hasta el último día de la legislatura que acaba de terminar. Un balance general sobre este tema diría que los congresistas, honrando una vieja costumbre, hicieron la mitad de la tarea y a última hora. Solo uno de los dos proyectos de ley que presentó el Gobierno nacional para reglamentar la Jurisdicción fue discutido y aprobado, y esto ocurrió el último día de sesiones parlamentarias. Los detalles sobre estos hechos deben ser materia de reflexión.
Primero, el contexto. Por mandato constitucional, el Congreso debía expedir en esta legislatura las leyes para crear los despachos agrarios y reglamentar sus competencias, así como el proceso especial para resolver los conflictos agrarios. Por ello, el Gobierno nacional presentó, en septiembre de 2023, dos proyectos de ley con la meta de tener los primeros jueces funcionando en mayo de este año.
El proyecto que establece la estructura de la jurisdicción, aprobado el pasado 20 de junio, surtió su curso sin mayores complicaciones que las que son comunes en la arena política (la negociación de las fechas para su discusión, el tira y afloje entre los proyectos del Gobierno y los de iniciativa parlamentaria, etc.).
Sin embargo, nueve meses no fueron suficientes para que la Comisión Primera del Senado discutiera una sola vez el proyecto que define los asuntos de los que se harán cargo los jueces agrarios y el procedimiento para hacerlo. El hundimiento de este proyecto, que el Gobierno promete radicar de nuevo el próximo 20 de julio, fue el resultado de una serie de eventos desafortunados auspiciados por las altas Cortes, los gremios más poderosos del sector agrario y los congresistas de la oposición.
Era previsible la oposición de los gremios y de los grandes productores al proyecto, pues son estos quienes han aprovechado sus conexiones políticas y los vacíos normativos para acumular tierras y recursos que el Estado destina al desarrollo del agro. Además, son quienes sí pueden resistir los costos —en tiempo y dinero— de un proceso judicial sin poner en riesgo su patrimonio y supervivencia. La presencia de jueces con perspectiva agraria y de procedimientos accesibles a campesinos y pequeños productores pone en entredicho el acceso exclusivo que tienen las élites agrarias a las instituciones judiciales y al derecho. El campesinado, por primera vez, podrá defender sus derechos a través de la vía judicial en igualdad de armas que sus contendores más fuertes.
Lo que sí sorprende es la resistencia de la Judicatura a cambiar el modelo de justicia para atender las demandas del campo. Las demandas de algunos sectores de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado sobre el proyecto y su incidencia en el trámite legislativo, antes que contribuir a la discusión pública, sirvieron de excusa para hundir el proyecto de ley ordinario sin que este surtiera un solo debate.
La aprobación de la ley estatutaria es un paso importante, pero será letra muerta hasta que exista una ley que regule un proceso adecuado, comprensible y accesible técnica y económicamente para toda la población rural.
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