Una Procuraduría sin agenda política

Con 92 votos a favor y el apoyo de representantes de todos los partidos, la plenaria del Senado de la República eligió el pasado jueves a Fernando Carrillo como nuevo procurador, encargado de estar al frente del Ministerio Público de 2017 a 2020 y, agregamos, de reparar la imagen de una institución que se convirtió en la peor pesadilla de varios grupos minoritarios y que suscitó dudas sobre su actuar disciplinario.

La experiencia de Carrillo invita a pensar que será capaz de liderar los cambios que necesita la Procuraduría. Como líder del movimiento de la séptima papeleta, fue presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Constituyente y estuvo directamente involucrado en la creación de los pilares del Estado Social de Derecho, que ha defendido desde entonces.

Sería muy útil que el nuevo procurador se encargara de llevar a cabo la discusión sobre si las competencias del Ministerio Público están bien asignadas o si es necesario reformarlas para garantizar el equilibrio de poderes. Este debate, dormido y sin doliente en la actualidad, debe apuntarle a resolver la aparente incongruencia entre el sistema interamericano, que contradice la potestad del procurador de destituir a funcionarios elegidos democráticamente, y lo que dice la Constitución.

Incluso si la solución es apostar por amplios poderes sancionatorios, no estaría de más introducir medidas que garanticen un justo ejercicio de esa función. La percibida extralimitación que se evidenció durante los ocho años de Alejandro Ordóñez invita a pensar en que el problema es de diseño institucional. El buen actuar de la Procuraduría no puede depender exclusivamente de que haya un procurador sin ambiciones políticas.

Por eso, calma que Carrillo, durante su discurso, haya dicho que buscará “una Procuraduría que nunca sea un instrumento de persecución política”. Es apenas necesario. El Ministerio Público no puede aprovechar su discrecionalidad para castigar a quienes piensen diferente.

No obstante, el principal reto de Carrillo será reconstruir los puentes quemados por una Procuraduría que, bajo la dirección de Ordóñez, desperdició recursos en una cruzada organizada para obstaculizar todos los progresos en los derechos de las mujeres y las personas LGBT. Bajo la errada convicción de que ese era uno de los principales riesgos de la Constitución, el Ministerio Público se convirtió en un ente hostil para los ciudadanos a los que precisamente debía proteger. Eso no se puede repetir.

El nuevo enfoque propuesto por Carrillo de una Procuraduría “que no sea vocera de los radicalismos” y concentrada en combatir la corrupción y la desigualdad, las que identifica como “fallas geológicas de nuestro sistema político”, debe poder enlazarse muy bien con el esfuerzo anticorrupción que desde la Fiscalía ha iniciado Néstor Humberto Martínez. Si de verdad logran concretar el compromiso (como ya viene haciendo el ente investigador), pueden ser agentes del cambio cultural que necesita Colombia si pretende reinventarse.

Que todos los partidos hayan apoyado la elección de Carrillo debe entenderse como un mandato contundente para hacer aquello que le ordena la Constitución: abandonar las preferencias políticas, actuar con total independencia y siempre con el bien de los colombianos en la mira. La cercanía en el pasado del nuevo procurador con el Gobierno no debe afectar ese objetivo.

Ya vimos por muchos años lo que ocurre cuando la Procuraduría se convierte en un trampolín electoral en busca de los reflectores, y el daño que eso le hace a un país que no confía en sus instituciones. Esperamos que bajo Carrillo la historia sea muy distinta.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com

Con 92 votos a favor y el apoyo de representantes de todos los partidos, la plenaria del Senado de la República eligió el pasado jueves a Fernando Carrillo como nuevo procurador, encargado de estar al frente del Ministerio Público de 2017 a 2020 y, agregamos, de reparar la imagen de una institución que se convirtió en la peor pesadilla de varios grupos minoritarios y que suscitó dudas sobre su actuar disciplinario.

La experiencia de Carrillo invita a pensar que será capaz de liderar los cambios que necesita la Procuraduría. Como líder del movimiento de la séptima papeleta, fue presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Constituyente y estuvo directamente involucrado en la creación de los pilares del Estado Social de Derecho, que ha defendido desde entonces.

Sería muy útil que el nuevo procurador se encargara de llevar a cabo la discusión sobre si las competencias del Ministerio Público están bien asignadas o si es necesario reformarlas para garantizar el equilibrio de poderes. Este debate, dormido y sin doliente en la actualidad, debe apuntarle a resolver la aparente incongruencia entre el sistema interamericano, que contradice la potestad del procurador de destituir a funcionarios elegidos democráticamente, y lo que dice la Constitución.

Incluso si la solución es apostar por amplios poderes sancionatorios, no estaría de más introducir medidas que garanticen un justo ejercicio de esa función. La percibida extralimitación que se evidenció durante los ocho años de Alejandro Ordóñez invita a pensar en que el problema es de diseño institucional. El buen actuar de la Procuraduría no puede depender exclusivamente de que haya un procurador sin ambiciones políticas.

Por eso, calma que Carrillo, durante su discurso, haya dicho que buscará “una Procuraduría que nunca sea un instrumento de persecución política”. Es apenas necesario. El Ministerio Público no puede aprovechar su discrecionalidad para castigar a quienes piensen diferente.

No obstante, el principal reto de Carrillo será reconstruir los puentes quemados por una Procuraduría que, bajo la dirección de Ordóñez, desperdició recursos en una cruzada organizada para obstaculizar todos los progresos en los derechos de las mujeres y las personas LGBT. Bajo la errada convicción de que ese era uno de los principales riesgos de la Constitución, el Ministerio Público se convirtió en un ente hostil para los ciudadanos a los que precisamente debía proteger. Eso no se puede repetir.

El nuevo enfoque propuesto por Carrillo de una Procuraduría “que no sea vocera de los radicalismos” y concentrada en combatir la corrupción y la desigualdad, las que identifica como “fallas geológicas de nuestro sistema político”, debe poder enlazarse muy bien con el esfuerzo anticorrupción que desde la Fiscalía ha iniciado Néstor Humberto Martínez. Si de verdad logran concretar el compromiso (como ya viene haciendo el ente investigador), pueden ser agentes del cambio cultural que necesita Colombia si pretende reinventarse.

Que todos los partidos hayan apoyado la elección de Carrillo debe entenderse como un mandato contundente para hacer aquello que le ordena la Constitución: abandonar las preferencias políticas, actuar con total independencia y siempre con el bien de los colombianos en la mira. La cercanía en el pasado del nuevo procurador con el Gobierno no debe afectar ese objetivo.

Ya vimos por muchos años lo que ocurre cuando la Procuraduría se convierte en un trampolín electoral en busca de los reflectores, y el daño que eso le hace a un país que no confía en sus instituciones. Esperamos que bajo Carrillo la historia sea muy distinta.

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