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Comienzan a activarse las discusiones y las batallas políticas en el Congreso para la aprobación de la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional, y a estas alturas del debate hay ya varios puntos importantes que parecen claros. Por un lado, se trata de una iniciativa ambiciosa y necesaria, que tiene los objetivos bien puestos en construir un sistema de tributos más sencillo y mucho más equitativo. Por otro, seguimos en vela de conocer las modificaciones que se recogerán para que las buenas intenciones de la reforma no terminen asfixiando a las empresas del país, frenando el crecimiento, desincentivando el emprendimiento y afectando la producción. En el acto de malabarismo que están haciendo el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y el presidente de la República, Gustavo Petro, tienen que tener mucho cuidado porque las cargas excesivas amenazan con estancar al país. Perderíamos todos.
Partimos de realidades ineludibles: sí, necesitamos aumentar el recaudo. Los $25 billones que se puso de meta inamovible el Ministerio de Hacienda serán claves para los proyectos de redistribución y construcción de equidad que están en el centro del mandato que ganó las elecciones este año. Aunque, no sobra decirlo, el Gobierno sigue sin decir con claridad en qué se invertirá ese dinero y el Plan Nacional de Desarrollo se está construyendo con excesiva lentitud. Adicionalmente, el diagnóstico de la reforma es acertado: tenemos un sistema tributario plagado de exenciones cuya finalidad estratégica es bastante difusa y, a la vez, las personas naturales no aportan lo que deberían en comparación con economías similares. Recaudamos muy poco año tras año, y así es muy difícil construir una Colombia más justa.
Por eso los congresistas no deberían desechar de plano la reforma. Necesitamos buena parte de los cambios que propone al eliminar exenciones, aumentar el recaudo en personas naturales y hacer todo mucho más claro. Lo dijo la OCDE esta semana: “Coincidimos plenamente con el objetivo de la reforma de reducir la desigualdad y la pobreza, mejorar la progresividad y eficiencia del sistema impositivo, y aumentar la carga impositiva a productos poco saludables o negativos para el medio ambiente”. Estamos de acuerdo con una tributación mayor para las personas que ganen más de $10 millones, con los impuestos saludables, así causen escándalo, y con las sobretasas que buscan aprovechar las bonanzas de petróleo y carbón.
Dicho eso, persiste la preocupación que se ha expresado de mil maneras desde los gremios empresariales. Es prudente, ya que se eliminan las exenciones, reducir la tarifa del 35 % que tributan las empresas. También hacer un cálculo en conjunto de ese impuesto con el de los dividendos y el del patrimonio, para evitar la doble tributación o terminar en montos casi confiscatorios. No hay discurso de justicia que valga ante la realidad de que si un país aumenta exageradamente sus impuestos, hacer empresa y producir se vuelve imposible.
En la recta final de esta reforma el Gobierno debe tener presente que sin dinero para redistribuir no habrá justicia social. Es clave que las tarifas de quienes producen sean manejables. Lo ha dicho el propio presidente Petro: la generación de mayor riqueza es esencial para cualquier mejor distribución que se diseñe. Hay que cumplirlo.
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