¿Una verdad que no incomode a nadie?

Hay una realidad dolorosa en la historia del conflicto colombiano: la Fuerza Pública, en todas sus variantes, muchas veces por omisión y en otras, de manera terrible, por acción, hizo parte de la comisión de delitos cuyas cicatrices aún no sanan. Eso no niega, de ninguna manera, el rol esencial que ha jugado en la supervivencia del país. En efecto, la abrumadora mayoría de los miembros de la Fuerza Pública es digna de admiración. Pero si el país quiere pasar la página, debe conocer con detalles y sin fanatismos lo que ocurrió en cada uno de esos casos. El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la nueva Comisión de la Verdad, creada por el Acuerdo entre Gobierno y Farc, son los pilares de ese proceso de verdad.

Por eso causó extrañeza y preocupación el Decreto 502 de 2017, expedido por la administración de Juan Manuel Santos el pasado 27 de marzo. En la normativa se modifica la estructura del CNMH y se añade a su consejo directivo una plaza para el ministro de Defensa o su delegado. Varios representantes de las víctimas y otros académicos especializados en la construcción de la memoria histórica expresaron sus dudas sobre lo que esto significará para la independencia de la Comisión de la Verdad. ¿Cuál es la necesidad de que el Ministerio de Defensa esté en el consejo directivo?

Según el Ministerio de Defensa, la necesidad de ingresar al consejo directivo del CNMH es que, “para establecer y esclarecer las causas de tales fenómenos (relacionados con la guerra), es preciso permitir la participación de los miembros del sector Defensa en su rol de servidores públicos que presenciaron en forma directa el desarrollo del conflicto”. El Ejército ya ha venido dando pasos en la construcción de la memoria: creó el Museo Militar, ha contratado especialistas, está promoviendo con universidades investigaciones con esta perspectiva, y hasta en unidades de combate se están preparando informes de esta naturaleza. Por su parte, mediante un comunicado, el director del CNMH dijo que su labor seguirá siendo garantizar “la autonomía académica e investigativa en el desempeño de sus tareas misionales, particularmente en el esclarecimiento de las responsabilidades de todos los actores, legales e ilegales, y las afectaciones a todas las víctimas, en el marco del conflicto armado interno”.

Son declaraciones entendibles, pero no dejan de ser preocupantes. Los militares (y en general la Fuerza Pública) han expresado en varias ocasiones su incomodidad con los informes del CNMH, como el “¡Basta ya!” publicado en el 2013, pues algunos miembros de la Fuerza Pública se sintieron igualados con la guerrilla. Esa mentalidad de falsa equivalencia tiene que erradicarse: la Fuerza Pública debe entender y participar en los procesos que expliquen su responsabilidad en la comisión de delitos sin sentirse ofendida o atacada. Nadie está dudando de su aporte al país, pero eso no borra que haya relatos pendientes por contar. Especialmente cuando el trabajo de construcción de memoria en Colombia ha permitido que, por fin, en los últimos años conozcamos más sobre hechos lamentables. Y todavía nos falta mucho por conocer.

Entendemos que en el marco de tantos miedos por el acuerdo de La Habana, el Gobierno haya tenido que hacer concesiones de este tipo para tranquilizar a las Fuerzas Armadas. Pero, como hemos insistido en otras ocasiones, cuando está en juego del futuro de la paz del país no pueden ponerse palos que entorpezcan los procesos que la garantizarán. Muchísimas víctimas aceptaron una Jurisdicción Especial para la Paz relativamente laxa a cambio de que se invirtiera de manera contundente en la construcción de la verdad. Y esa verdad no puede estar mediada por intereses ni por miedos a encontrar realidades que incomoden o que ofendan. Estuvimos en un conflicto y, para salir de él, la memoria debe ser lo más sincera y transparente posible. Esperamos que, como ha dicho el Ministerio de Defensa, su presencia en la CNMH no nos lleve a incumplir esa promesa.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Hay una realidad dolorosa en la historia del conflicto colombiano: la Fuerza Pública, en todas sus variantes, muchas veces por omisión y en otras, de manera terrible, por acción, hizo parte de la comisión de delitos cuyas cicatrices aún no sanan. Eso no niega, de ninguna manera, el rol esencial que ha jugado en la supervivencia del país. En efecto, la abrumadora mayoría de los miembros de la Fuerza Pública es digna de admiración. Pero si el país quiere pasar la página, debe conocer con detalles y sin fanatismos lo que ocurrió en cada uno de esos casos. El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la nueva Comisión de la Verdad, creada por el Acuerdo entre Gobierno y Farc, son los pilares de ese proceso de verdad.

Por eso causó extrañeza y preocupación el Decreto 502 de 2017, expedido por la administración de Juan Manuel Santos el pasado 27 de marzo. En la normativa se modifica la estructura del CNMH y se añade a su consejo directivo una plaza para el ministro de Defensa o su delegado. Varios representantes de las víctimas y otros académicos especializados en la construcción de la memoria histórica expresaron sus dudas sobre lo que esto significará para la independencia de la Comisión de la Verdad. ¿Cuál es la necesidad de que el Ministerio de Defensa esté en el consejo directivo?

Según el Ministerio de Defensa, la necesidad de ingresar al consejo directivo del CNMH es que, “para establecer y esclarecer las causas de tales fenómenos (relacionados con la guerra), es preciso permitir la participación de los miembros del sector Defensa en su rol de servidores públicos que presenciaron en forma directa el desarrollo del conflicto”. El Ejército ya ha venido dando pasos en la construcción de la memoria: creó el Museo Militar, ha contratado especialistas, está promoviendo con universidades investigaciones con esta perspectiva, y hasta en unidades de combate se están preparando informes de esta naturaleza. Por su parte, mediante un comunicado, el director del CNMH dijo que su labor seguirá siendo garantizar “la autonomía académica e investigativa en el desempeño de sus tareas misionales, particularmente en el esclarecimiento de las responsabilidades de todos los actores, legales e ilegales, y las afectaciones a todas las víctimas, en el marco del conflicto armado interno”.

Son declaraciones entendibles, pero no dejan de ser preocupantes. Los militares (y en general la Fuerza Pública) han expresado en varias ocasiones su incomodidad con los informes del CNMH, como el “¡Basta ya!” publicado en el 2013, pues algunos miembros de la Fuerza Pública se sintieron igualados con la guerrilla. Esa mentalidad de falsa equivalencia tiene que erradicarse: la Fuerza Pública debe entender y participar en los procesos que expliquen su responsabilidad en la comisión de delitos sin sentirse ofendida o atacada. Nadie está dudando de su aporte al país, pero eso no borra que haya relatos pendientes por contar. Especialmente cuando el trabajo de construcción de memoria en Colombia ha permitido que, por fin, en los últimos años conozcamos más sobre hechos lamentables. Y todavía nos falta mucho por conocer.

Entendemos que en el marco de tantos miedos por el acuerdo de La Habana, el Gobierno haya tenido que hacer concesiones de este tipo para tranquilizar a las Fuerzas Armadas. Pero, como hemos insistido en otras ocasiones, cuando está en juego del futuro de la paz del país no pueden ponerse palos que entorpezcan los procesos que la garantizarán. Muchísimas víctimas aceptaron una Jurisdicción Especial para la Paz relativamente laxa a cambio de que se invirtiera de manera contundente en la construcción de la verdad. Y esa verdad no puede estar mediada por intereses ni por miedos a encontrar realidades que incomoden o que ofendan. Estuvimos en un conflicto y, para salir de él, la memoria debe ser lo más sincera y transparente posible. Esperamos que, como ha dicho el Ministerio de Defensa, su presencia en la CNMH no nos lleve a incumplir esa promesa.

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