Lo que ha ocurrido con las curules de paz es una vergüenza nacional y un golpe durísimo a la legitimidad de la democracia colombiana. Ni el Gobierno Nacional, ni la Registraduría, ni el Consejo Nacional Electoral ni la Fuerza Pública fueron capaces de garantizar que las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz fuesen la materialización de una promesa histórica de reparación. Ayer, 10 aspirantes a la curul de paz de la circunscripción de los municipios del Cesar, La Guajira y el Magdalena renunciaron irrevocablemente a su oportunidad de llegar. El único candidato es el hijo de uno de los criminales más crueles que ha conocido la historia nacional. ¿Cómo es posible que permitiéramos que esto pasara?
Desde un principio, el Gobierno Nacional mostró su habitual ambivalencia con las curules de paz. Como se trata de una creación del Acuerdo de La Habana, que fue revivida por la Corte Constitucional, estas curules llevan, para un sector ideológico nacional, el estigma de estar ligadas a un proceso de paz que reconocen a medias. El problema es que se trataba de una apuesta por darles representación política a personas por fuera de las dinámicas políticas tradicionales. El objetivo era abrirles la puerta a quienes más sufrieron el conflicto. Sin embargo, el resultado será muy distinto.
Como ha venido publicando estos tres meses Colombia+20 de El Espectador, las campañas han estado empañadas por la falta de financiación, de garantías de seguridad y por el interés de políticos tradicionales y herederos de victimarios por tomarse esos espacios. Por ejemplo, en la curul donde se presentó la renuncia masiva de aspirantes, hemos podido documentar que la candidatura de Jorge Rodrigo Tovar, hijo del exjefe paramilitar Jorge 40, tendría apoyos de políticos tradicionales como el director de la Unidad de Víctimas Territorial Cesar-Guajira.
No es el único caso ni el único agravio contra las víctimas. William Romero Ovalle, cercano amigo de la familia Gnecco y jefe de campaña de Germán Vargas Lleras en el año 2018, tendría apoyos de múltiples alcaldes para quedarse con esa curul. Mientras tanto, los otros candidatos denuncian que no recibieron el anticipo que por ley debían tener desde enero de este año. “Nuestras candidaturas terminaron siendo ‘carritos de hot dogs’ frente a los ‘restaurantes Michelin’ de las candidaturas de los clanes políticos y el establecimiento”, dice la carta de renuncia de los 10 aspirantes. Tienen toda la razón.
Esto es un fracaso de la democracia colombiana. No se deben ahorrar adjetivos ni permitir suavizar lo ocurrido. Las víctimas no deberían tener que encadenarse ante la Registraduría para exigir garantías, como pasó y de todos modos nada sucedió. Los tribunales electorales transitorios para la paz debieron haber sido instalados con celeridad, algo que tampoco ocurrió. En últimas, las promesas del Acuerdo y del Congreso mediante el Acto Legislativo 02 de 2021 no se cumplieron. ¿Cómo hablar de reparación? ¿Cómo hablar de apostarles a la paz y a las instituciones?
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Lo que ha ocurrido con las curules de paz es una vergüenza nacional y un golpe durísimo a la legitimidad de la democracia colombiana. Ni el Gobierno Nacional, ni la Registraduría, ni el Consejo Nacional Electoral ni la Fuerza Pública fueron capaces de garantizar que las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz fuesen la materialización de una promesa histórica de reparación. Ayer, 10 aspirantes a la curul de paz de la circunscripción de los municipios del Cesar, La Guajira y el Magdalena renunciaron irrevocablemente a su oportunidad de llegar. El único candidato es el hijo de uno de los criminales más crueles que ha conocido la historia nacional. ¿Cómo es posible que permitiéramos que esto pasara?
Desde un principio, el Gobierno Nacional mostró su habitual ambivalencia con las curules de paz. Como se trata de una creación del Acuerdo de La Habana, que fue revivida por la Corte Constitucional, estas curules llevan, para un sector ideológico nacional, el estigma de estar ligadas a un proceso de paz que reconocen a medias. El problema es que se trataba de una apuesta por darles representación política a personas por fuera de las dinámicas políticas tradicionales. El objetivo era abrirles la puerta a quienes más sufrieron el conflicto. Sin embargo, el resultado será muy distinto.
Como ha venido publicando estos tres meses Colombia+20 de El Espectador, las campañas han estado empañadas por la falta de financiación, de garantías de seguridad y por el interés de políticos tradicionales y herederos de victimarios por tomarse esos espacios. Por ejemplo, en la curul donde se presentó la renuncia masiva de aspirantes, hemos podido documentar que la candidatura de Jorge Rodrigo Tovar, hijo del exjefe paramilitar Jorge 40, tendría apoyos de políticos tradicionales como el director de la Unidad de Víctimas Territorial Cesar-Guajira.
No es el único caso ni el único agravio contra las víctimas. William Romero Ovalle, cercano amigo de la familia Gnecco y jefe de campaña de Germán Vargas Lleras en el año 2018, tendría apoyos de múltiples alcaldes para quedarse con esa curul. Mientras tanto, los otros candidatos denuncian que no recibieron el anticipo que por ley debían tener desde enero de este año. “Nuestras candidaturas terminaron siendo ‘carritos de hot dogs’ frente a los ‘restaurantes Michelin’ de las candidaturas de los clanes políticos y el establecimiento”, dice la carta de renuncia de los 10 aspirantes. Tienen toda la razón.
Esto es un fracaso de la democracia colombiana. No se deben ahorrar adjetivos ni permitir suavizar lo ocurrido. Las víctimas no deberían tener que encadenarse ante la Registraduría para exigir garantías, como pasó y de todos modos nada sucedió. Los tribunales electorales transitorios para la paz debieron haber sido instalados con celeridad, algo que tampoco ocurrió. En últimas, las promesas del Acuerdo y del Congreso mediante el Acto Legislativo 02 de 2021 no se cumplieron. ¿Cómo hablar de reparación? ¿Cómo hablar de apostarles a la paz y a las instituciones?
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