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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) acaba de publicar una sentencia que es un hito para toda América Latina. En el primer caso de estudio de una mujer trans asesinada por fuerzas del Estado, el tribunal internacional va más allá de lo esperado y toma una contundente posición en contra de la discriminación en todas sus formas. Aunque la decisión condena al Estado de Honduras, se convierte en un precedente que todos los países miembros de la Convención Americana deben acatar. También es un llamado de atención necesario en medio de los movimientos conservadores a escala mundial que, entre otras, se han ensañado contra la población trans. Los magistrados dijeron lo obvio y aun así, en este mundo tan polarizado y lleno de injustos prejuicios, se siente revolucionario: que las personas trans merecen todos los derechos humanos que han venido reclamando.
El 28 de junio de 2009 hubo un golpe de Estado en Honduras. Se trató de un momento caótico que cambió la historia de ese país. Múltiples organizaciones han denunciado atropellos a los derechos humanos ocurridos ese día y en los posteriores, con especial énfasis en el abuso por parte de las fuerzas estatales. Ese día se decretó un toque de queda, por lo que solo la Fuerza Pública podía estar en las calles. Ese mismo día fue asesinada Vicky Hernández, una mujer trans de 26 años que ejercía el trabajo sexual.
Las litigantes ante la CorteIDH, conformadas por la Red Lésbica Cattrachas y la organización Robert F. Kennedy Human Rights, argumentaron varias cosas. Básicamente, dijeron que si en la calle solo había fuerzas del Estado, todos los indicios llevaban a que el asesinato de Hernández lo cometió la Fuerza Pública. También mostraron cómo en los siguientes 12 años no hubo el más mínimo interés por investigar el caso y dar con los responsables. Esto, en el marco de una desigualdad estructural terrorífica: Honduras es uno de los países del mundo donde más personas trans son asesinadas; además, en la Constitución hace poco se estableció una prohibición del matrimonio igualitario. Se trata de un país hostil para la diversidad, sin leyes de reconocimiento y protección a la identidad de género y sin mucha voluntad política para cambiarlo.
La CorteIDH les dio la razón a las demandantes. Condenó a Honduras por el asesinato de Hernández y por la falta de investigación. Dijo que se trató de un acto violento de discriminación. Ordenó, entre otras cosas, crear una beca para personas trans, realizar un acto de perdón, reparar a la familia de Hernández y adoptar protocolos de atención a personas LGBTI, así como un mecanismo de justicia efectivo para los casos que viven en la impunidad.
Adicionalmente, y aquí es donde el resto de países de América Latina deben darse por notificados, la Corte envió un mensaje claro. Dijo que las normas que obstaculizan el reconocimiento oficial de la identidad de género son actos de discriminación que no son aceptables a la luz de la Convención. Se trata de una necesaria victoria para el movimiento a favor de los derechos trans, mientras en varias partes han tomado fuerza reacciones conservadoras, que incluyen a un sector excluyente del feminismo.
La población trans es una de las más vulnerables en la actualidad. Carecen de un adecuado acceso a los sistemas de salud, al educativo y al laboral. No cuentan con efectivas protecciones para su seguridad y su bienestar. Son perseguidas, estigmatizadas y discriminadas. Esta semana la Corte les da un blindaje jurídico. Ahora los países deben hacer lo propio.
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