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El régimen venezolano sigue cometiendo todo tipo de atropellos con tal de mantenerse en el poder. En las últimas semanas, bajo supuestos delitos de traición a la patria, han sido encarcelados colaboradores muy cercanos a la ilegalmente inhabilitada candidata opositora María Corina Machado. Las últimas detenciones arbitrarias han sido las de su jefe de campaña, otra persona que podía ser su eventual reemplazo como candidata y siete colaboradores más. Todo esto sucede a cuatro meses de unas elecciones presidenciales plagadas de irregularidades y sin que la comunidad internacional se manifieste contra lo que sucede allí.
Maduro aceptó, el año anterior en Barbados, la realización de unas elecciones libres y transparentes. No ha cumplido. A pesar de una primera inhabilitación que pesaba contra la señora Machado, en octubre del año pasado ella ganó ampliamente las primarias de la oposición, con cerca de 2,5 millones de votos. De inmediato la dictadura se movió para que el poder judicial, que maneja a su antojo, ratificara la inhabilidad de Machado por quince años. Ella, haciendo caso omiso de las medidas ilegales, continuó haciendo campaña por todo el país con la seguridad que le dan no solo las encuestas sino los miles de personas que acuden a sus manifestaciones.
Ante el temor de una derrota cierta, el Gobierno cambió de estrategia. Maduro denunció unos supuestos planes para atentar contra él, o contra el gobierno, y puso en marcha la Operación Brazalete Blanco para enviar a la cárcel a cualquier persona que desee sacar del camino. En un reciente informe presentado por Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela, se establece que “las autoridades invocan conspiraciones reales o ficticias para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del Gobierno”. De esta manera, la Misión de la ONU ha señalado que el régimen utiliza de nuevo “la modalidad más violenta de represión” contra quienes considera conspiradores, generando “un clima de temor e intimidación (…) que se activa para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio”. Esta es la realidad de lo que sucede allí.
Lo más preocupante es que todo esto pasa frente a una comunidad internacional que, aparentemente, está muy interesada en que retorne por fin la democracia a Venezuela mientras el régimen de Maduro aumenta la represión. El ambiente de moderado optimismo que algunos gobiernos manifestaron el año pasado ante la aparente apertura del régimen ha dado paso ahora a esta repudiable situación. No es fácil de explicar cómo este tipo de gobiernos autocráticos continúan entronizándose en el poder, en varios lugares del planeta, sin que haya ningún tipo de reacción frente a los desmanes que cometen para lograr sus objetivos.
Rocío San Miguel, experta en temas militares; Henri Alviarez, muy cercano colaborador de Machado y su número dos de su partido, Vente Venezuela; Dignora Hernández, secretaria general de la organización; Magalli Meda, eventual sucesora en la aspiración presidencial; Oswaldo Bracho, Ómar González Moreno, Humberto Villalobos, Fernando Martínez Mottola y los demás detenidos por el servicio de inteligencia del régimen se enfrentan a procesos hechizos sin ningún tipo de garantías procesales.
El 28 de julio se llevarán a cabo, por ahora, unos comicios que tienen todos los vicios de ilegalidad que se puedan cometer. Como lo señala el informe de la Misión de la ONU, “estas acciones evidencian las graves dificultades que existen para garantizar que las próximas elecciones presidenciales se desarrollen de conformidad con el derecho a participar en los asuntos públicos previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. ¿Qué hará la comunidad internacional al respecto? ¿Y Colombia? El silencio no es más que complicidad.
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