Verdades pendientes
El Espectador
Los asesinatos extrajudiciales por parte de miembros del Ejército Nacional constituyen uno de los episodios más siniestros de la historia reciente colombiana, que todavía se encuentra cubierto por un manto de impunidad. Ahora que arranca en forma la justicia transicional y que hay nueva información, el país y las víctimas merecen saber qué ocurrió, cuál fue la magnitud real de las atrocidades y quiénes fueron los responsables.
La semana pasada, el Consejo de Estado expidió la primera sentencia que condena al Estado colombiano por un caso de asesinato extrajudicial, tragedia más conocida por la opinión pública como falso positivo. Se trató de un joven de 15 años que fue asesinado y posteriormente presentado, por miembros de las Fuerzas Militares, como una falsa “baja en combate”.
Poco a poco los detalles sobre estas operaciones se han ido conociendo, y cuanto más se sabe más se profundiza el dolor al pensar cómo se pudo permitir que algo así ocurriera. En síntesis, se trató de un esfuerzo por aumentar los números de “bajas” para mostrar resultados en la ofensiva contra las fuerzas ilegales. En el proceso, sin embargo, se asesinó a jóvenes que podían ser presentados como presuntos criminales gracias a montajes realizados por los militares.
Como dijo el Consejo de Estado en su sentencia, el joven de 15 años fue “víctima del afán de presentar resultados de guerra, producto de una desafortunada y reprochable política de incentivos que se otorgaban dentro de la institución castrense”. Por la gravedad de lo ocurrido, merecemos respuestas.
Si bien celebramos la primera decisión en contra del Estado, la realidad es que los procesos van lentos. Además, el país todavía no conoce la magnitud de lo ocurrido. Un artículo del diario The Guardian argumenta que el total de asesinatos extrajudiciales llega a 10.000, tres veces más de lo que se ha estimado hasta ahora.
El diario inglés les hace eco a los hallazgos del libro Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010. Obediencia a ciegas en campos de batalla ficticios, escrito por el oficial retirado de la Policía Ómar Eduardo Rojas. Independientemente de si la cifra es correcta, este es un recordatorio de la importancia que tiene para la reconciliación el que los colombianos puedan ver que estos casos son tratados por la justicia.
La buena noticia es que por lo menos en la cabeza de las Fuerzas Militares hay voluntad de colaborar con la construcción de la verdad. En entrevista con Colombia 2020, un proyecto de El Espectador, el general Alberto José Mejía, comandante del Ejército, dijo: “Como dimos la cara y pusimos el pecho en el conflicto, ahora en el posacuerdo les vamos a poner el pecho y la cara a esa nueva institucionalidad. Eso es jugarle limpio a Colombia y esa es la estatura ética y moral de las FF. MM.”.
La pelota está ahora en la cancha de la Jurisdicción Especial para la Paz. Los magistrados deberán tener en cuenta el descontento de las víctimas y la sed de Colombia por entender qué ocurrió. Entre más pronto tengamos resultados, podremos empezar a sanar las heridas todavía abiertas.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.
Los asesinatos extrajudiciales por parte de miembros del Ejército Nacional constituyen uno de los episodios más siniestros de la historia reciente colombiana, que todavía se encuentra cubierto por un manto de impunidad. Ahora que arranca en forma la justicia transicional y que hay nueva información, el país y las víctimas merecen saber qué ocurrió, cuál fue la magnitud real de las atrocidades y quiénes fueron los responsables.
La semana pasada, el Consejo de Estado expidió la primera sentencia que condena al Estado colombiano por un caso de asesinato extrajudicial, tragedia más conocida por la opinión pública como falso positivo. Se trató de un joven de 15 años que fue asesinado y posteriormente presentado, por miembros de las Fuerzas Militares, como una falsa “baja en combate”.
Poco a poco los detalles sobre estas operaciones se han ido conociendo, y cuanto más se sabe más se profundiza el dolor al pensar cómo se pudo permitir que algo así ocurriera. En síntesis, se trató de un esfuerzo por aumentar los números de “bajas” para mostrar resultados en la ofensiva contra las fuerzas ilegales. En el proceso, sin embargo, se asesinó a jóvenes que podían ser presentados como presuntos criminales gracias a montajes realizados por los militares.
Como dijo el Consejo de Estado en su sentencia, el joven de 15 años fue “víctima del afán de presentar resultados de guerra, producto de una desafortunada y reprochable política de incentivos que se otorgaban dentro de la institución castrense”. Por la gravedad de lo ocurrido, merecemos respuestas.
Si bien celebramos la primera decisión en contra del Estado, la realidad es que los procesos van lentos. Además, el país todavía no conoce la magnitud de lo ocurrido. Un artículo del diario The Guardian argumenta que el total de asesinatos extrajudiciales llega a 10.000, tres veces más de lo que se ha estimado hasta ahora.
El diario inglés les hace eco a los hallazgos del libro Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010. Obediencia a ciegas en campos de batalla ficticios, escrito por el oficial retirado de la Policía Ómar Eduardo Rojas. Independientemente de si la cifra es correcta, este es un recordatorio de la importancia que tiene para la reconciliación el que los colombianos puedan ver que estos casos son tratados por la justicia.
La buena noticia es que por lo menos en la cabeza de las Fuerzas Militares hay voluntad de colaborar con la construcción de la verdad. En entrevista con Colombia 2020, un proyecto de El Espectador, el general Alberto José Mejía, comandante del Ejército, dijo: “Como dimos la cara y pusimos el pecho en el conflicto, ahora en el posacuerdo les vamos a poner el pecho y la cara a esa nueva institucionalidad. Eso es jugarle limpio a Colombia y esa es la estatura ética y moral de las FF. MM.”.
La pelota está ahora en la cancha de la Jurisdicción Especial para la Paz. Los magistrados deberán tener en cuenta el descontento de las víctimas y la sed de Colombia por entender qué ocurrió. Entre más pronto tengamos resultados, podremos empezar a sanar las heridas todavía abiertas.
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