En vilo el lago de Tota

Fueron 15 peticiones diversas a Corpoboyacá, que produjeron cuatro actos administrativos de dudosa ejecución. También, de manera inexplicable, la autoridad de pesca, en ese momento en manos del Incoder, se apresuró a legalizar con un permiso la irregular situación. Pero el asunto parece tener más fondo. Como en el caso de la laguna de Fúquene en relación con el uso del agua para riego, en Tota tampoco parece haber un deslinde claro entre el interés privado de producción económica y el ejercicio de la autoridad ambiental.

Por eso los demandantes, además de una tutela, entablaron en septiembre de 2010 una acción popular, hecho definitivo para que el asunto pasara del insuficiente ámbito administrativo al judicial. Por su carácter único y emblemático, los ojos nacionales e internacionales vigilan la decisión sobre el futuro del lago.

Hoy ello preocupa sobremanera, no porque haya motivos probados para dudar de la buena intención y solidez jurídica de los jueces, sino porque los complejos temas ambientales requieren de una particular ponderación. En palabras del abogado ambientalista Gustavo Guerrero, hay un problema serio cuando las cortes y los jueces acusan falta de conocimiento de los asuntos ambientales básicos. Por este motivo se esperaría que en la fase probatoria la sensatez científica tuviera una voz. Pues, en los lagos, el sentido común ambiental no siempre funciona.

En Tota, el cultivo de truchas en jaulas dentro del lago genera cerca de una tonelada diaria de excretas y alimentos no consumidos, que suman a la contaminación puntual de aguas servidas de los municipios, y difusa por los cultivos de cebolla. No se trata de conocer la “capacidad de carga” que puede resistir el lago para acoger este sistema de producción de trucha. Ese fracasado camino ya lo recorrió el mundo. La visión mundial de los lagos parte de reconocer que hay umbrales de cambio, que sólo se reconocen cuando ya se ha transitado el cambio irreversible.

En efecto, hoy la tendencia mundial es prohibir el cultivo de peces dentro de los lagos, antes de que sea muy tarde. La única acción verdaderamente eficaz es el control ambiental preventivo, el mismo que justamente está fracasando en Tota. Por eso la acción popular, acorde con olvidadas normativas, busca la cesación, desmonte y prohibición de esa industria en jaulones, la reparación de daños con restitución de las cosas a su estado anterior y la condena a demandados según corresponda a su responsabilidad.

Se busca que la industria de trucha continúe por fuera del lago. En efecto, la decisión principal en Tota ya se tomó: la prioridad del uso de su agua es para el consumo de cerca de 500.000 personas. Los funcionarios que no han escuchado la voz de la ciudadanía deberán ahora escuchar la de los jueces, que se espera esta vez sea suficientemente ilustrada.

Fueron 15 peticiones diversas a Corpoboyacá, que produjeron cuatro actos administrativos de dudosa ejecución. También, de manera inexplicable, la autoridad de pesca, en ese momento en manos del Incoder, se apresuró a legalizar con un permiso la irregular situación. Pero el asunto parece tener más fondo. Como en el caso de la laguna de Fúquene en relación con el uso del agua para riego, en Tota tampoco parece haber un deslinde claro entre el interés privado de producción económica y el ejercicio de la autoridad ambiental.

Por eso los demandantes, además de una tutela, entablaron en septiembre de 2010 una acción popular, hecho definitivo para que el asunto pasara del insuficiente ámbito administrativo al judicial. Por su carácter único y emblemático, los ojos nacionales e internacionales vigilan la decisión sobre el futuro del lago.

Hoy ello preocupa sobremanera, no porque haya motivos probados para dudar de la buena intención y solidez jurídica de los jueces, sino porque los complejos temas ambientales requieren de una particular ponderación. En palabras del abogado ambientalista Gustavo Guerrero, hay un problema serio cuando las cortes y los jueces acusan falta de conocimiento de los asuntos ambientales básicos. Por este motivo se esperaría que en la fase probatoria la sensatez científica tuviera una voz. Pues, en los lagos, el sentido común ambiental no siempre funciona.

En Tota, el cultivo de truchas en jaulas dentro del lago genera cerca de una tonelada diaria de excretas y alimentos no consumidos, que suman a la contaminación puntual de aguas servidas de los municipios, y difusa por los cultivos de cebolla. No se trata de conocer la “capacidad de carga” que puede resistir el lago para acoger este sistema de producción de trucha. Ese fracasado camino ya lo recorrió el mundo. La visión mundial de los lagos parte de reconocer que hay umbrales de cambio, que sólo se reconocen cuando ya se ha transitado el cambio irreversible.

En efecto, hoy la tendencia mundial es prohibir el cultivo de peces dentro de los lagos, antes de que sea muy tarde. La única acción verdaderamente eficaz es el control ambiental preventivo, el mismo que justamente está fracasando en Tota. Por eso la acción popular, acorde con olvidadas normativas, busca la cesación, desmonte y prohibición de esa industria en jaulones, la reparación de daños con restitución de las cosas a su estado anterior y la condena a demandados según corresponda a su responsabilidad.

Se busca que la industria de trucha continúe por fuera del lago. En efecto, la decisión principal en Tota ya se tomó: la prioridad del uso de su agua es para el consumo de cerca de 500.000 personas. Los funcionarios que no han escuchado la voz de la ciudadanía deberán ahora escuchar la de los jueces, que se espera esta vez sea suficientemente ilustrada.