“Me duele el corazón, que justo en este día hayan atentado contra mi padre”. Con esas palabras, expresadas en su cuenta de X, la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, resumió la frustración de una región entera. Los cuatro disparos contra el vehículo en el que se movilizaba el padre de la alta funcionaria, Sigifredo Márquez, así como su sobrino de seis años, son un ataque contra Colombia, una muestra del recrudecimiento de los actos de violencia en el territorio y de un Estado que parece estar contra las cuerdas en materia de seguridad.
Hace apenas dos días discutíamos los atentados de la semana pasada en Cauca y Valle del Cauca. Retomamos una de las frases del jefe negociador de la delegación del Gobierno con el Estado Mayor Central, Camilo González Posso: “Quince personas con cuatro cajas de explosivos pueden hacer un caos en cualquier parte”. Ahora vimos que cuatro personas con un par de motos se sienten en capacidad de perseguir un vehículo de la Unidad Nacional de Protección transportando al padre de la segunda funcionaria más importante del país y abrir fuego. A la fecha siguen a la fuga, a pesar de una recompensa de $100 millones por información sobre los responsables y de que el Ejército estableció una operación candado en la zona. El “caos” del que hablaba González Posso está más grande de lo estimado y generando un caos que siembra terror.
Lo dijo la vicepresidenta Márquez. “Manifiesto mi preocupación por la seguridad en Cauca, Valle del Cauca, en el municipio de Suárez y el corregimiento de La Toma, así como por la seguridad de mi comunidad y mi familia”, escribió, y tiene toda la razón. Más allá de la superioridad numérica y de recursos que tiene la Fuerza Pública en comparación con las organizaciones criminales, los constantes actos de violencia muestran que no hay monopolio de la fuerza ni parece haber capacidad de frentar el poderío de quienes están desafiando directamente al Estado. ¿Cómo es posible que a plena luz del día haya un atentado contra el padre de la vicepresidenta? ¿Y cómo ocurre que los responsables, al cierre de esta edición, no hayan sido capturados? ¿Qué mensaje envía eso al resto de la población, que de por sí vive en medio de la zozobra? ¿Cómo va a aterrizar la estrategia de seguridad con hechos tangibles?
Juliette de Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, les hizo eco a estas preocupaciones. Su intervención fue un listado largo que, por lo mismo, merece ser reproducido: “Estamos muy preocupados por el nivel de violencia que vive la población en Colombia, incluyendo el atentado de ayer contra el padre de la vicepresidenta; dos atentados la semana pasada en Jamundí, Valle del Cauca, que dejaron varias personas heridas; los ataques a estaciones de Policía de Suárez y Cajibío, en Cauca, que afectaron viviendas y la salud de una bebé en un hospital; los combates en medio de la población civil en Madrigal, Policarpa (Nariño); el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en diferentes regiones, como Cauca, Caquetá, Huila y Nariño, y el homicidio de personas defensoras y líderes”. Se van sumando los “caos” a los que el Gobierno necesita responder.
La apuesta por la paz sigue siendo la respuesta, pero sabemos que sin seguridad es difícil conseguirla. Los corazones de los colombianos, como el de la vicepresidenta, no pueden seguir doliendo.
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