La reelección presidencial, de gobernadores y de alcaldes es una mala idea para el país. No se trata de un argumento que dependa de la persona que ocupe en determinado momento la Casa de Nariño o los distintos palacios municipales y departamentales, sino de un problema de cultura política. Sí, otros países tienen la figura. Sí, hay sistemas donde los líderes se pueden reelegir durante varios periodos y eso no los hace menos democráticos. Empero, por la manera en que está diseñada nuestra institucionalidad y por lo que hemos aprendido de cómo operan el mesianismo y la concentración del poder en el país, Colombia debe alejarse de cualquier modificación normativa que incentive los abusos y el endiosamiento de líderes políticos.
Viene rondando la idea de presentar una reforma constitucional que permita la reelección inmediata, no solo del Presidente de la República, sino de alcaldes y gobernadores. Aunque proviene del Pacto Histórico, el gobierno de Gustavo Petro ha dicho que no es su interés perpetuarse en el poder. Creamos pues que, a pesar del rechazo de su líder natural, hay congresistas que insisten. No queremos especular sobre el por qué de la insistencia, sino concentrarnos en el debate de fondo. La reelección es una figura que le haría daño a nuestra democracia.
No tenemos que buscar escenarios imaginarios, Colombia ya lo vivió. Primero con el presidente Álvaro Uribe Vélez, quien aprovechó su masiva popularidad y la corrupción de algunos de sus exministros para comprar una reforma constitucional que le permitió ejercer un periodo más. Se hubiera lanzado para un tercer periodo si la Corte Constitucional no hubiese intervenido con valentía. El daño institucional, en todo caso, ya estaba hecho. Los tiempos de los entes de control, pensados para un solo periodo presidencial y garantizar un equilibrio de poderes, se desdibujaron. La Ley de Garantías no sirvió para evitar que quien representaba al Estado usara todo su poder para reelegirse e impulsar a sus amigos. Por “vueltas de la vida”, luego el propio uribismo se quejaría del exceso de poder que tiene un presidente que busca reelegirse cuando les tocó enfrentarse a Juan Manuel Santos y a toda la maquinaria de su acuerdo nacional.
Más allá de apellidos, el problema de la reelección es uno de diseño institucional. Favorece la concentración del poder, ubica a los servidores públicos en campaña política constante, le arrebata espacios a la oposición, siembra un manto de duda sobre el uso de los recursos de nuestros impuestos, y favorece a ciertas dinastías políticas. Si las entidades territoriales están a merced de clanes a pesar de que no se pueden reelegir, ¿cómo sería si la ley se los permitiera?
Para que en Colombia sea válida la reelección tendríamos que repensarnos la Constitución entera, y eso no es lo que se ha propuesto. El proyecto actual surge, como suele ocurrir, del amor hacia un líder puntual, un apellido de turno que, sí, puede ser muy popular, pero es que la democracia no es solo la ley de las mayorías.
Entendemos la frustración de que cuatro años es poco tiempo para reformar a Colombia, pero el sistema que construimos está diseñado para evitar los abusos de poder y alejarnos de la idea de que solo un salvador puede liderar de manera adecuada. Hay que construir proyectos políticos que trasciendan los apellidos, que tengan distintos representantes y, sobre todo, cuya esencia sean las ideas.
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