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Si con la terna para elegir a la próxima fiscal general de la Nación el presidente de la República, Gustavo Petro, mostró interés por respaldar la independencia institucional, con los candidatos que eligió para ir a la Corte Constitucional demostró todo lo contrario. Siguiendo las peores prácticas de sus antecesores en el cargo, el mandatario armó una terna llena de inexperiencia, activismo y preocupante cercanía con la agenda política de la Casa de Nariño. Se augura poca autonomía en una elección que luce cantada y ayudará a lastimar la legitimidad de la alta corte.
Por supuesto que el presidente tiene la potestad de nominar a quien considere más pertinente. También es cierto que las características de esta terna son similares a las presentadas por mandatarios anteriores. Es extraño, sin embargo, que el tan criticado retrovisor sea ahora utilizado para emular las peores estrategias de sus antecesores. ¿Cómo hablar de cambio cuando el mensaje que se envía es que el presidente quiere a alguien de su entera confianza y lealtad en la Corte Constitucional?
Parece evidente que la terna está diseñada para privilegiar la elección de Vladimir Fernández, actual secretario jurídico de Presidencia. Es el único que cuenta con experiencia en derecho constitucional y además con peso en la administración Petro. En caso de ser elegido, correrá la misma suerte de Cristina Pardo Schlesinger, otrora secretaria jurídica del presidente Juan Manuel Santos, quien llegó al alto tribunal en medio de dudas sobre su legitimidad y autonomía. Aunque no es ilegal hacer este tipo de nominaciones, siempre hemos cuestionado su validez moral. Nos repetimos: ¿cómo esperar autonomía si se mudaron de la Casa de Nariño al Palacio de Justicia?
Algo similar puede decirse de los otros candidatos. Tanto Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras, como Cielo Rusinque, exdirectora de Prosperidad Social, son representantes del petrismo pura sangre. A pesar de no contar con la experiencia necesaria en derecho constitucional, fueron elegidos, lo cual da a entender que el criterio principal fue la identificación con la agenda del presidente. Pocas expectativas para una Corte Constitucional que ha hecho historia por su prudencia, sobriedad e independencia de los vaivenes de la política.
De nuevo, no se trata de negar las facultades discrecionales del presidente de la República al armar la terna. No obstante, es decepcionante que los candidatos hayan sido elegidos dejando por fuera la cantidad de juristas muy preparados que, aunque compartan una cercanía ideológica con el mandatario, pueden demostrar su autonomía. La puerta giratoria entre la Casa de Nariño y las altas cortes vulnera la separación de poderes, debilita a todas las instituciones involucradas y siembra un manto de duda sobre las futuras decisiones que tome la Corte Constitucional. Con el precedente tan positivo de la terna para fiscal, es extraño que ahora el presidente adopte una estrategia totalmente opuesta. En los próximos años, la Corte Constitucional será renovada en su mayoría: ¿podemos esperar ternas similares?
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