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Son muchos los errores que el Gobierno y el general Rodolfo Palomino cometieron durante estos meses de escándalos en la Policía Nacional que desembocaron ayer en la renuncia del director de la institución. Si bien el paso al costado, retrasado innecesariamente, era una medida que debía tomarse, lo mínimo es exigir que no sea suficiente para dormir las investigaciones y aplazar las reformas que necesita la Policía. También sobran los discursos que aplican distintos raseros a los altos funcionarios que están atrapados en la polémica.
Lo dijo bien el general Rodolfo Palomino, ahora exdirector de la Policía, durante la rueda de prensa de su renuncia: “No puedo permitir que el director de la Policía sea investigado, que sea puesta en duda su inocencia y transparencia”. Exacto. Si esa era su convicción, ¿por qué la tardanza en tomar la decisión de apartarse del cargo? Como lo hemos mencionado en el pasado, esa rutina de los altos funcionarios de atrincherarse en las posiciones de poder cuando surgen dudas sobre su idoneidad no hace más que destruir la reputación de las instituciones a las que representan. ¿Cuánto daño recibe el país entero cuando sus ciudadanos asocian la Policía Nacional con cuestionamientos de corrupción?
No se trata, entiéndase bien, de un prejuzgamiento, pero sí de la conveniencia de que la defensa del buen nombre debe hacerse en los espacios que el sistema judicial tiene destinados para eso, dejando que la institución prevalezca sobre cualquier interés personal. Y no ayuda que el Gobierno, utilizando su posición privilegiada en los medios de comunicación, esté saliendo a enaltecer la hoja de vida del general Palomino. Esa no es, ni de cerca, la discusión, y no es función del Ejecutivo emitir juicios cuando comienza una investigación para que las autoridades lo hagan. ¿Por qué en otros casos de corrupción el presidente Juan Manuel Santos sí ha pedido públicamente la renuncia de los implicados? ¿Sabe algo que nosotros no?
Los escándalos que se han venido acumulando en la Policía producen escalofríos. Primero, se supo que, ante una denuncia de presunto acoso sexual por parte de Palomino a un subalterno, el denunciante fue presionado para cambiar la versión de sus hechos. Después, varias periodistas dieron a conocer que desde esa institución se están realizando interceptaciones ilegales a sus comunicaciones, y son varias las amenazas que han recibido. Además se ha cuestionado la forma en que Palomino adquirió unos predios a un precio muy inferior al del mercado, así como su manejo de la infame Comunidad del Anillo, una red de prostitución a cambio de ascensos en la Policía.
Como si lo anterior fuera poco, a principios de este mes fueron detenidos 14 policías por supuestos nexos con traficantes de drogas en el Bronx (Bogotá), a los que les ofrecían protección a cambio de dinero. Antes, la revista Semana había denunciado una red de corrupción que se lucra a través de conseguir reintegros indebidos de policías destituidos. Y la comisión que el Gobierno había anunciado para investigar todos estos problemas apenas se creó la semana pasada, demostrando el desinterés por entrar de lleno a solucionar el caos.
Las dudas de los colombianos están, por decir lo menos, justificadas. La renuncia de Palomino sólo puede ser el principio de un cambio que encuentre qué sucedió en realidad, quién está detrás de todo lo ocurrido y cuáles son las medidas necesarias para que la Policía pueda cumplir sus deberes constitucionales sin cargar el lastre de tantas acusaciones. El país lo necesita.
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