Los $70.000 millones siguen desaparecidos. Solo mencionar la cifra es suficiente para que un buen número de colombianos sepan de qué estamos hablando, pues se trata de uno de los escándalos de corrupción más indignantes de la historia reciente, ocurrido durante la presidencia de Iván Duque. A pesar de haberse encendido varias alertas, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mintic) decidió pagar ese monto como anticipo para llevar internet y equipos a 7.000 escuelas rurales, pero eso nunca ocurrió. Luego supimos que había todo un aparato de corrupción montado para defraudar al Estado y a los más vulnerables. Todo ocurrió bajo la supervisión de Karen Abudinen, ministra de las TIC de entonces. Sin embargo, la Procuraduría acaba de archivar el proceso contra la servidora pública por no encontrar pruebas de malos comportamientos que ameriten intervención disciplinaria. Sigue la pregunta: ¿y la responsabilidad qué?
La exministra Abudinen reconoció la gravedad de lo ocurrido. Además de renunciar a su cargo en su momento, hace un par de años, fue clara en su declaración a la Procuraduría. “Hay una fábrica de corrupción alrededor”, dijo Abudinen, y agregó: “Yo sí le pido, señor procurador, que las empresas de Centros Poblados que engañaron al Estado por muchísimos años salgan de la contratación de este país. Cambian de nombre, cambian de fachada y las experiencias se las valen. No tenemos cómo saber el pasado de las empresas. Esto es indignante. Los funcionarios públicos no debemos seguir siendo engañados”. Su defensa fue esa, a la que el entonces presidente Duque le hizo eco: se trató de un acto de corrupción en el que el Gobierno no cometió faltas.
Ahora, la Procuraduría de Margarita Cabello le da la razón. Según la comunicación de archivo del proceso, “las decisiones tomadas durante su gestión, aunque relacionadas con el proceso de licitación, no constituyeron una violación a las normas de contratación pública que pudieran generar responsabilidades disciplinarias para la exministra”. Es decir, ni dolo ni culpa; el Estado fue engañado. Voces críticas cuestionan por qué no hay responsabilidad política de lo ocurrido y también señalan la cercanía política de Cabello con la exministra Abudinen. Más allá de eso, esta decisión recuerda que la Procuraduría es una entidad que está en crisis de legitimidad y eficiencia, e incluso de justificar su existencia.
Más allá de si la exministra Abudinen debía evitar el absurdo detrimento patrimonial, lo doloroso es que seguimos sin respuestas. El preacuerdo de Emilio Tapia con la Fiscalía se cayó a finales de mayo, mientras que el ente investigador afirma que el contratista recibió $6.182 millones y se habría quedado con algo más de $5.064 millones que habría invertido en obras de arte, apartamentos, tiquetes aéreos, vehículos de gama alta y hasta el pago de honorarios a abogados. ¿Cómo no indignarse? ¿Cómo no pedir reparación? Mientras avanza el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ¿cómo no sentir que, en efecto, la corrupción es un componente ineludible del manejo de los recursos públicos? E insistimos: ¿dónde están los $70.000 millones?
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