Al finalizar su intervención en la visita del Gobierno a Guapi, en el Cauca, el presidente Gustavo Petro escuchó un grito: “¿Y Gorgona, presidente?”. Luego otro grito: “¡Cancele el proyecto militar en Gorgona!”. Sin embargo, el mandatario no les hizo caso a los reclamos y terminó de despedirse. En unas fotos de ese mismo evento publicadas por la vicepresidenta, Francia Márquez, se ve un público repleto de pancartas: “Guapi dice no al proyecto militar en Gorgona”, “Peligra la Gorgona”, “No a la base militar” y similares. Presidencia está en mora de revaluar un proyecto autorizado desde el Gobierno de Juan Manuel Santos que amenaza la biodiversidad del Parque Nacional Natural Gorgona y la autonomía de los pescadores de la zona.
En Gorgona, con inversión de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos de Estados Unidos, se quiere construir una subestación de guardacostas de la Armada Nacional. En 2015, cuando se aprobó el proyecto motivado por el entonces presidente Santos, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales emitió una licencia exprés. Desde entonces, las comunidades han denunciado que no fueron consultadas y el activismo ambiental ha reclamado por los posibles nefastos efectos de la obra. La llegada a la Presidencia de Gustavo Petro dejó en vilo la ejecución del proyecto, pero se trata de un plan estratégico impulsado desde el Comando Sur de los Estados Unidos. Palabras más, palabras menos, no parece haber intención del actual Gobierno por reconsiderar lo pactado.
Hay, claro, motivos para defender la subestación. Esa zona es fundamental para el narcotráfico, pues las rutas pasan cerca del parque natural y se trata de un espacio con poca presencia militar. No obstante, los reclamos deben escucharse. Como contó El País de España el año pasado, el Comité Científico del Parque Natural Gorgona lleva años denunciando que la licencia ambiental se expidió sin los estudios técnicos rigurosos necesarios. La presencia militar y el ruido pueden alterar los ecosistemas presentes, incluyendo las poblaciones de ballenas.
También está el componente humano. En una investigación reciente publicada por la Revista Raya, Claus Alzamora, pescador de la comunidad de Bazán, dijo: “Nosotros, la comunidad de pescadores, nos sentimos muy amenazados con el tema de la presencia militar en la isla porque somos estigmatizados”. Por su parte, en el mismo medio de comunicación, Gerardo Bazán Orobio, representante de la Asociación de Consejos Comunitarios de Guapi, se lamenta porque “la gente no tenía la suficiente claridad frente a las implicaciones que tendría la construcción de la subestación. Por eso nos remitimos a la necesidad de que se revise el proceso”. Son preocupaciones que no pueden echarse en saco roto.
El Gobierno Nacional dirá que ha realizado reuniones con la comunidad, pero el descontento es evidente. Ahora que hay anuncios de inversiones históricas, es tiempo de someter el futuro de Gorgona a un proceso más transparente e incluyente.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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En Gorgona, con inversión de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos de Estados Unidos, se quiere construir una subestación de guardacostas de la Armada Nacional. En 2015, cuando se aprobó el proyecto motivado por el entonces presidente Santos, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales emitió una licencia exprés. Desde entonces, las comunidades han denunciado que no fueron consultadas y el activismo ambiental ha reclamado por los posibles nefastos efectos de la obra. La llegada a la Presidencia de Gustavo Petro dejó en vilo la ejecución del proyecto, pero se trata de un plan estratégico impulsado desde el Comando Sur de los Estados Unidos. Palabras más, palabras menos, no parece haber intención del actual Gobierno por reconsiderar lo pactado.
Hay, claro, motivos para defender la subestación. Esa zona es fundamental para el narcotráfico, pues las rutas pasan cerca del parque natural y se trata de un espacio con poca presencia militar. No obstante, los reclamos deben escucharse. Como contó El País de España el año pasado, el Comité Científico del Parque Natural Gorgona lleva años denunciando que la licencia ambiental se expidió sin los estudios técnicos rigurosos necesarios. La presencia militar y el ruido pueden alterar los ecosistemas presentes, incluyendo las poblaciones de ballenas.
También está el componente humano. En una investigación reciente publicada por la Revista Raya, Claus Alzamora, pescador de la comunidad de Bazán, dijo: “Nosotros, la comunidad de pescadores, nos sentimos muy amenazados con el tema de la presencia militar en la isla porque somos estigmatizados”. Por su parte, en el mismo medio de comunicación, Gerardo Bazán Orobio, representante de la Asociación de Consejos Comunitarios de Guapi, se lamenta porque “la gente no tenía la suficiente claridad frente a las implicaciones que tendría la construcción de la subestación. Por eso nos remitimos a la necesidad de que se revise el proceso”. Son preocupaciones que no pueden echarse en saco roto.
El Gobierno Nacional dirá que ha realizado reuniones con la comunidad, pero el descontento es evidente. Ahora que hay anuncios de inversiones históricas, es tiempo de someter el futuro de Gorgona a un proceso más transparente e incluyente.
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