El caso de Hilary Castro, joven de 17 años que fue víctima de violencia sexual y física en Transmilenio, ha dejado sobre la mesa todas las falencias institucionales y las discusiones pendientes que tenemos como sociedad. Ha sido, de principio a fin, una tragedia. Empezando por lo que le ocurrió a Castro, un hecho deplorable y criminal, pasando por la destrucción de portales de Transmilenio en retaliación por lo ocurrido y terminando en la confusa muerte de su presunto abusador, Juan Pablo González, mientras estaba en custodia de la policía. Colombia les falla de mil maneras a las víctimas de violencia sexual y la institucionalidad sigue siendo incapaz de articularse para proteger a las mujeres.
El caso de Castro es horrible y frustrante porque sucedió en un espacio que debería ser seguro para todos los ciudadanos. Un hombre le mostró un cuchillo dentro de Transmilenio, le robó sus pertenencias, la obligó a salir de la estación y abusó sexualmente de ella. En todo este proceso: ¿dónde estaba la policía? ¿Dónde estaban los mecanismos de seguridad de Transmilenio? ¿Por qué se han normalizado los robos y varios tipos de violencia en el transporte público? ¿Bogotá es incapaz de brindar seguridad? Para la muestra, un botón bastante deprimente: en 72 horas se reportaron cinco casos de abuso sexual dentro de Transmilenio. Según una encuesta de la Veeduría Distrital a 3.089 mujeres, ocho de cada diez mujeres fueron víctimas de acoso sexual en el transporte o el espacio público. Se trata de una crisis normalizada.
Para completar, Castro fue a dos URI, pero allí no quisieron recibirle la denuncia. Intentó comunicarse con Transmilenio sin resultado. Solo cuando publicó un video en redes sociales fue que las autoridades reaccionaron, incluyendo a la alcaldesa, Claudia López, y al presidente, Gustavo Petro. ¿Pero qué ocurre con todos los casos que no se vuelven virales y se chocan con la indiferencia institucional?
Por eso varias mujeres salieron a protestar la semana pasada y su manifestación desencadenó en vandalismo: destruyeron ventanas de las estaciones y rayaron buses de Transmilenio. ¿De qué sirve esa violencia contra lo público? ¿Qué soluciona, acaso? Ni siquiera es efectivo para llamar la atención, pues durante varios días se habló más de los ataques contra Transmilenio que del caso terrible de Castro. No se trata de comparar tragedias, sino de reconocer la realidad de que tenemos que encontrar la manera de expresar las frustraciones de manera pacífica, sin caer en vandalismo. No, el bus no es más importante que la vida de la víctima, como sugieren algunas arengas, pero es que ese no es el debate. Se pueden hacer manifestaciones sin dañar los bienes de todos.
Para completar, la Fiscalía anunció la captura del presunto abusador, Juan Pablo González, pero horas después apareció muerto en la URI. Se habló de suicidio, de unas supuestas convulsiones y hay hasta sospecha de una golpiza, pero al cierre de esta edición todo eso son especulaciones. Lo que sí es válido es preguntar: ¿cómo muere alguien en custodia de la policía? En Colombia no hay pena de muerte. Y volviendo a Castillo, esto no le brinda justicia ni reparación. La institucionalidad le sigue fallando, incluso después de todo el escándalo. Lo dicho: una tragedia.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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El caso de Hilary Castro, joven de 17 años que fue víctima de violencia sexual y física en Transmilenio, ha dejado sobre la mesa todas las falencias institucionales y las discusiones pendientes que tenemos como sociedad. Ha sido, de principio a fin, una tragedia. Empezando por lo que le ocurrió a Castro, un hecho deplorable y criminal, pasando por la destrucción de portales de Transmilenio en retaliación por lo ocurrido y terminando en la confusa muerte de su presunto abusador, Juan Pablo González, mientras estaba en custodia de la policía. Colombia les falla de mil maneras a las víctimas de violencia sexual y la institucionalidad sigue siendo incapaz de articularse para proteger a las mujeres.
El caso de Castro es horrible y frustrante porque sucedió en un espacio que debería ser seguro para todos los ciudadanos. Un hombre le mostró un cuchillo dentro de Transmilenio, le robó sus pertenencias, la obligó a salir de la estación y abusó sexualmente de ella. En todo este proceso: ¿dónde estaba la policía? ¿Dónde estaban los mecanismos de seguridad de Transmilenio? ¿Por qué se han normalizado los robos y varios tipos de violencia en el transporte público? ¿Bogotá es incapaz de brindar seguridad? Para la muestra, un botón bastante deprimente: en 72 horas se reportaron cinco casos de abuso sexual dentro de Transmilenio. Según una encuesta de la Veeduría Distrital a 3.089 mujeres, ocho de cada diez mujeres fueron víctimas de acoso sexual en el transporte o el espacio público. Se trata de una crisis normalizada.
Para completar, Castro fue a dos URI, pero allí no quisieron recibirle la denuncia. Intentó comunicarse con Transmilenio sin resultado. Solo cuando publicó un video en redes sociales fue que las autoridades reaccionaron, incluyendo a la alcaldesa, Claudia López, y al presidente, Gustavo Petro. ¿Pero qué ocurre con todos los casos que no se vuelven virales y se chocan con la indiferencia institucional?
Por eso varias mujeres salieron a protestar la semana pasada y su manifestación desencadenó en vandalismo: destruyeron ventanas de las estaciones y rayaron buses de Transmilenio. ¿De qué sirve esa violencia contra lo público? ¿Qué soluciona, acaso? Ni siquiera es efectivo para llamar la atención, pues durante varios días se habló más de los ataques contra Transmilenio que del caso terrible de Castro. No se trata de comparar tragedias, sino de reconocer la realidad de que tenemos que encontrar la manera de expresar las frustraciones de manera pacífica, sin caer en vandalismo. No, el bus no es más importante que la vida de la víctima, como sugieren algunas arengas, pero es que ese no es el debate. Se pueden hacer manifestaciones sin dañar los bienes de todos.
Para completar, la Fiscalía anunció la captura del presunto abusador, Juan Pablo González, pero horas después apareció muerto en la URI. Se habló de suicidio, de unas supuestas convulsiones y hay hasta sospecha de una golpiza, pero al cierre de esta edición todo eso son especulaciones. Lo que sí es válido es preguntar: ¿cómo muere alguien en custodia de la policía? En Colombia no hay pena de muerte. Y volviendo a Castillo, esto no le brinda justicia ni reparación. La institucionalidad le sigue fallando, incluso después de todo el escándalo. Lo dicho: una tragedia.
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