Ayer comenzó la vacunación de todas las personas mayores de 20 años en Colombia. Eso quiere decir que estamos cerca de la disponibilidad total para cada persona que quiera una dosis. Con la oferta y la demanda por fin llegando al mismo nivel, pero con un techo de resistencia en la tasa de vacunación, especialmente en los mayores de 50 años, se abre un debate que ya se está dando en otras partes del mundo: ¿es momento de hablar de la vacunación obligatoria?
Hemos respaldado y seguimos insistiendo en las campañas de persuasión. Colombia apenas está llegando a la posibilidad de ofrecer universalmente las vacunas. La entrada de los jóvenes al proceso de vacunación puede, a su vez, jalonar a los mayores que han visto con temor las vacunas por culpa de la desinformación. Estas dos semanas tienen que ser de una insistencia contundente y vehemente: todos a vacunarnos. Como le dijo el presidente Iván Duque a El Espectador, es clave que “demos un gran esfuerzo como país de avanzar con persuasión”.
En ese sentido, se debería considerar adoptar lo propuesto por la doctora Zulma Cucunubá, quien escribió esta semana que podemos usar “jornadas extendidas y campañas masivas. Especialmente, cubrir a la población (mayor de) 50 años que persiste sin acceso”. Tienen que darse todas las facilidades para que quien desee vacunarse lo pueda hacer sin mayor problema.
No obstante, el debate público sobre la vacunación obligatoria tiene que empezar. Una encuesta de Invamer encontró que el 71,4 % de los colombianos están de acuerdo con las vacunas obligatorias. Solo un 10,6 % manifestó que no se quiere vacunar; una cifra baja, pero que en todo caso es preocupante ante la importancia de llegar a cifras muy altas de población vacunada. En otros países hemos visto la violencia de quienes se sienten perseguidos por el proceso de vacunación y en Colombia ya hay atisbos de resistencia.
Hay que ser muy cuidadosos con el balance entre las libertades individuales y los intereses colectivos. Mucho se luchó a escala mundial y también en Colombia para tener la carta de derechos que hoy nuestra Constitución protege. La intromisión del Estado en espacios tan íntimos como las decisiones médicas y sobre la propia salud tiene que ser vigilada con recelo, para evitar abusos. Entonces, una orden de vacunación obligatoria con amenaza de sanciones económicas o incluso penales está fuera de cualquier conversación. No podemos llegar a extremos como el de Filipinas, donde el presidente Rodrigo Duterte amenazó a los no vacunados con prohibirles salir de sus casas.
Eso no significa que no se pueden tomar medidas que protejan la salud colectiva y creen incentivos para la vacunación. Canadá acaba de exigirles a los trabajadores federales que se vacunen si desean seguir trabajando para el Estado. En Estados Unidos se están empezando a tomar decisiones similares, tanto en empresas privadas como en gobiernos estatales. Francia ya introdujo un pasaporte de vacunación para ir a lugares públicos, como bares, restaurantes y estadios. No debe negarse: plantear la vacunación como requisito para entrar a espacios laborales, educativos y sociales es establecer un tipo de obligación. No es tan lesivo como un mandato sancionatorio por parte del Estado, pero se trata de una intromisión en la vida personal. La vemos justificada por el daño a la salud pública que genera estar lejos de la inmunidad de rebaño. Colombia no debe huirle a este debate.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director. Necesitamos de lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.