Putumayo sigue viviendo sumido en el terror. Lo hablamos hace apenas unos meses, cuando el ejército disparó en Puerto Leguízamo contra un bazar donde murieron varios civiles, como se denunció en El Espectador y otros medios, y lo tenemos que hablar de nuevo, ahora bajo otro presidente de la República, pues la situación solo se ha recrudecido. La masacre de por lo menos 23 personas cometida la semana pasada en las veredas Los Pinos y Las Delicias, del municipio de Puerto Guzmán, a tres horas de la capital, Mocoa, tiene a la población aterrorizada y con la desazón de sentir que en el departamento está lejos la paz total, así como las oportunidades de desarrollo que necesitan para combatir la influencia de los grupos narcotraficantes al margen de la ley. El país sigue en combates y tenemos que padecer horrores como ver cuerpos de víctimas de la violencia apilarse en un camión en nuestros municipios.
Podemos hacer una lista de lo que han tenido que sufrir recientemente los pobladores de Putumayo: una alerta de la Defensoría del Pueblo sobre Puerto Leguízamo (que es la octava para el departamento desde 2018), un ataque armado en Puerto Asís el 22 de noviembre que dejó cuatro personas muertas, el asesinato del presidente y el fiscal de una Junta de Acción Comunal hace 15 días, la retención hace 10 días de guardas indígenas en Villa Pinzón y un enfrentamiento hace dos meses en La Rosa donde murieron 16 personas. A eso se suma el combate de la semana pasada entre el Frente Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera, que terminó con 23 personas muertas y 32 familias desplazadas.
La comunidad está desesperada. Hablando con la Radio Nacional de Colombia, Yuri Quintero, vocera de la Red Departamental de Derechos Humanos en el Putumayo, dijo: “La comunidad se vio obligada a reunir los cuerpos de los combatientes muertos, que quedaron tirados en distintos lugares de la montaña y se pasó el reporte a las entidades, las cuales no acudieron ni pusieron en marcha ninguna de las rutas institucionales”. Un líder de la zona explicó la situación en El Espectador: “Están saliendo comunidades que incluso se van a otros departamentos, porque dicen que no hay garantías ni en Mocoa. Entre estas hay indígenas y personas que no aceptan entrar a ningún grupo, porque en Puerto Guzmán está el Carolina Ramírez y los Comandos de Frontera, mientras que en La Hormiga, parte de Villa Pinzón y Orito está Sinaloa”.
Sabemos qué ocurre: es una disputa territorial por los ríos Caquetá y Putumayo, muy útiles para el transporte de la droga. Desde la salida de las Farc, que controlaban esa zona, ahora hay varios grupos sedientos de poder que viven ocasionando la violencia. Lo dijo el presidente Gustavo Petro al reaccionar a la masacre más reciente, que se convirtió en la 90 del país este año según cifras de Indepaz: “Ya no es la lucha por el poder, es la lucha por la ruta. Las fases han cambiado, están matando a los líderes sociales para pasar la ruta o cambiar los dueños de la ruta”. Tiene razón, pero persiste la pregunta: ¿por qué el Estado no ha podido garantizar el monopolio de la fuerza en esa zona? ¿Por qué la ciudadanía en Putumayo debe convivir con la zozobra constante?
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director. Necesitamos de lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.
Putumayo sigue viviendo sumido en el terror. Lo hablamos hace apenas unos meses, cuando el ejército disparó en Puerto Leguízamo contra un bazar donde murieron varios civiles, como se denunció en El Espectador y otros medios, y lo tenemos que hablar de nuevo, ahora bajo otro presidente de la República, pues la situación solo se ha recrudecido. La masacre de por lo menos 23 personas cometida la semana pasada en las veredas Los Pinos y Las Delicias, del municipio de Puerto Guzmán, a tres horas de la capital, Mocoa, tiene a la población aterrorizada y con la desazón de sentir que en el departamento está lejos la paz total, así como las oportunidades de desarrollo que necesitan para combatir la influencia de los grupos narcotraficantes al margen de la ley. El país sigue en combates y tenemos que padecer horrores como ver cuerpos de víctimas de la violencia apilarse en un camión en nuestros municipios.
Podemos hacer una lista de lo que han tenido que sufrir recientemente los pobladores de Putumayo: una alerta de la Defensoría del Pueblo sobre Puerto Leguízamo (que es la octava para el departamento desde 2018), un ataque armado en Puerto Asís el 22 de noviembre que dejó cuatro personas muertas, el asesinato del presidente y el fiscal de una Junta de Acción Comunal hace 15 días, la retención hace 10 días de guardas indígenas en Villa Pinzón y un enfrentamiento hace dos meses en La Rosa donde murieron 16 personas. A eso se suma el combate de la semana pasada entre el Frente Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera, que terminó con 23 personas muertas y 32 familias desplazadas.
La comunidad está desesperada. Hablando con la Radio Nacional de Colombia, Yuri Quintero, vocera de la Red Departamental de Derechos Humanos en el Putumayo, dijo: “La comunidad se vio obligada a reunir los cuerpos de los combatientes muertos, que quedaron tirados en distintos lugares de la montaña y se pasó el reporte a las entidades, las cuales no acudieron ni pusieron en marcha ninguna de las rutas institucionales”. Un líder de la zona explicó la situación en El Espectador: “Están saliendo comunidades que incluso se van a otros departamentos, porque dicen que no hay garantías ni en Mocoa. Entre estas hay indígenas y personas que no aceptan entrar a ningún grupo, porque en Puerto Guzmán está el Carolina Ramírez y los Comandos de Frontera, mientras que en La Hormiga, parte de Villa Pinzón y Orito está Sinaloa”.
Sabemos qué ocurre: es una disputa territorial por los ríos Caquetá y Putumayo, muy útiles para el transporte de la droga. Desde la salida de las Farc, que controlaban esa zona, ahora hay varios grupos sedientos de poder que viven ocasionando la violencia. Lo dijo el presidente Gustavo Petro al reaccionar a la masacre más reciente, que se convirtió en la 90 del país este año según cifras de Indepaz: “Ya no es la lucha por el poder, es la lucha por la ruta. Las fases han cambiado, están matando a los líderes sociales para pasar la ruta o cambiar los dueños de la ruta”. Tiene razón, pero persiste la pregunta: ¿por qué el Estado no ha podido garantizar el monopolio de la fuerza en esa zona? ¿Por qué la ciudadanía en Putumayo debe convivir con la zozobra constante?
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director. Necesitamos de lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.