Educar phronimos: remedio contra la corrupción

En visita reciente a Colombia, y con motivo del lanzamiento formal del Centro de Formación Ética y Ciudadanía de la Universidad del Rosario, reflexionaba Michael Sandel, Profesor de la Universidad de Harvard, sobre la forma a través de la cual enfrentamos los dilemas éticos en nuestra sociedad. Lo hacia reconociendo la existencia de tres modelos de aproximación distintos: el liberalismo, el utilitarismo y el del bien común o de la virtud. Lo valioso de sus planteamientos es que Sandel tácitamente propone superar la tradicional forma como se ha orientado el abordaje de la formación ética universitaria, que suele concentrarse en asignaturas que insisten en el deber. Entiende uno así la inflación de códigos de ética, manuales de conducta y marcos normativos que buscan guiar las acciones de las personas y profesionales en el marco de un “deber ser” que fija derechos y deberes. El problema de fondo es que el conocimiento de lo que se “debe hacer” no garantiza la acción ni la deliberación en conformidad con los principios de actuación.

Pongamos como ejemplo los casos recientes de corrupción en el ejecutivo, el legislativo y el judicial que llenan los periódicos diariamente, o profundicemos en el desagradable caso de Odebrecht, que revelado en diciembre del 2016, aún tiene cientos de piezas inconclusas en los 12 países de América Latina a donde llegaron los tentáculos de esta organización criminal de corrupción. Algo similar sale de los estudios que realiza cada dos años Transparencia por Colombia y que concluye en la existencia del soborno en Colombia y el monto que se paga por cada caso. En el estudio más reciente (2016), el 96% de las empresas que participaron (un total de 690 en todo el país) dicen que efectivamente se ofrecen sobornos cuando se llevan a cabo negocios, detrás de lo cual el 51% considera que las contribuciones a las campañas  políticas son el camino más expedito para hacer efectivo el soborno. Dice también el estudio que para casi un 60% este es el camino para competir. El problema adicional es que el promedio de soborno es cercano al 17% cifra que puede ser de 2 a 3 puntos porcentuales superior al de hace 6 años.

Lo contradictorio es que en el año 2011 en Colombia se promulgó uno de los más draconianos estatutos anticorrupción que existen en la región y que buscaba fortalecer la prevención, investigación y sanción. Dicho Estatuto tiene tantas prohibiciones que parece irracional que aún existan corruptos, y sin embargo 7 años después vivimos y conocemos de los peores actos de corrupción en la historia de Colombia, que han puesto en dificultades a nuestra institucionalidad, incluyendo entre otros a la sagrada justicia.

Volviendo a Sandel, el problema es que, al estar concentrados en un enfoque “principalista” de estatutos, códigos éticos y  deberes, descuidamos la deliberación de las acciones (enfoque “deliberativo”) en las que los seres humanos son capaces de reflexionar sobre los móviles de la acción moral y desarrollan actividades que promueven sentimientos morales que son la base de la motivación para asumir un compromiso moral.

Lo valioso es que este es justamente el recorrido y propósitos de actuación de este Centro de Formación ética y ciudadanía que lanzó el Rosario, que se basará en la investigación, la docencia y la extensión, formulará propuestas de política pública, y enriquecerá la experiencia de los estudiantes y de otros actores de la sociedad. Todo lo anterior para que las personas mejoren su capacidad de juicio, puedan tomar decisiones razonables y construyan hábitos virtuosos que les permita cumplir deberes morales con otros y ser más empáticos.

Como se expresara en el evento, y retomando a Aristóteles, se trata de formar “phronimos”, es decir ciudadanos que busquen lo justo, lo noble y lo bueno por su capacidad de deliberar rectamente sobre lo que es bueno y conveniente para vivir bien. Ciudadanos virtuosos de carácter que en su actuar y liderazgo contribuyan a que no sigamos perdiendo anualmente más de 50 billones de pesos en corrupción que éticamente el país debiese estar dirigiendo a programas sociales en educación, salud, vivienda y en general necesidades básicas insatisfechas.