El derecho a la salud no tiene nacionalidad

Andrés Cubillos Novella, Julián Alfredo Fernández Niño*

De acuerdo con los últimos datos de Migración Colombia, actualmente en el país hay un total de 1.488.373 venezolanos viviendo en el territorio nacional. De ellos 750.918 se encuentran en condición de regularidad y 737.455 son irregulares (Migración Colombia, octubre de 2019). El gobierno colombiano ha implementado una respuesta del sector salud al fenómeno migratorio que muchos consideran un modelo para la región, la cual prioriza gestantes y niños, y garantiza la atención de urgencias para todos. Sin embargo, el derecho a la salud de los migrantes no está plenamente garantizado, en particular porque los migrantes irregulares no pueden afiliarse al sistema de salud, y no todos los regulares han podido asegurarse, a pesar que formalmente podrían hacerlo.  

El acceso a servicios de salud, como parte del derecho de salud, es un compromiso de Colombia como firmante del pacto de derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y la declaración de New York, entre otros acuerdos internacionales.  Colombia necesita dar respuesta a la atención en salud, y las necesidades de salud de los migrantes en el mismo nivel y calidad que a la comunidad receptora, al ser éste un derecho fundamental, y de ninguna manera se debe considerar, como ya lo ha explicado la comisión Lancet sobre Salud y Migración, que los migrantes sean vistos como una carga para el sistema de salud; sino que hacen parte de la población residente en el país de llegada, de modo que su salud debe ser vigilada, promovida y protegida equitativamente. Ciertamente, la garantía del derecho a salud, se reconoce que debe hacerse de forma progresiva, y de acuerdo a las capacidades del país. De este modo, el no aseguramiento de los migrantes es una condición temporal, que debe ser modificada ojalá a mediano plazo, comenzando por la completa regularización de todos los migrantes. 

No es cierto, lo que desde algunos medios o percepciones de alguna parte de la población señalan, y es que la condición de migrante platee una ventaja frente a los ciudadanos colombianos en el derecho o acceso al sistema de salud, por el contrario, los migrantes se han visto enfrentados a barreras para acceder al sistema, algunas estructurales, como el no aseguramiento en el caso particular de los irregulares, y otras administrativas, culturales, económicas y burocráticas, como en el caso de muchos migrantes procedentes de Venezuela. Estas barreras han tratado de ser superadas a través de acciones complementarias de la cooperación internacional, y con el esfuerzo de las instituciones locales y nacionales, pero aún falta mucho por hacer. 

De acuerdo con cifras oficiales, a mediados del presente año se ha dado atención en salud a 339.260 personas procedentes de Venezuela (Ministerio de Salud, 2019), siendo una cifra mucho menor a lo que en algunos casos se presume. Consulta externa y urgencias son los servicios que más demanda tienen, por parte de la población migrante.  Sin embargo, al menos el 50% de las atenciones corresponden a mujeres gestantes y niños sanos. En lo referente al sobrecosto alegado de los sistemas de salud, principalmente este corresponde a enfermedades descompensadas en migrantes sin aseguramiento. De tal manera, que el costo no es la migración, sino el no aseguramiento, y las barreras del acceso al sistema de salud. 

Es evidente que las barreras en la atención al Sistema de Salud están presentes también en esta población, como en otras vulnerables. Los migrantes enfrentan las mismas barreras que los colombianos, más otras particulares por su estatus migratorio. Estas barreras tienen causas diversas y se dan por la interacción entre la situación migratoria, con condiciones tales como: el nivel educativo, el ingreso y en general la condición socioeconómica, así como la exclusión social y la falta de conocimiento sobre el derecho y las rutas de acceso a los servicios de salud. Muchos de estos determinantes y barreras claramente también afectan aún a parte de la población colombiana.      

Pensar en la atención en salud para esta población, no tiene que ver exclusivamente con si el derecho a la salud está mediado por la ciudadanía (que no debería estarlo como un derecho fundamental) pero no podemos llevar a discursos dicotómicos que pongan en competencia por el uso de recursos ya escasos, a una población por encima de la otra. Es peligroso que los medios de comunicación generen la idea alejada, por cierto, que los migrantes afectan la sostenibilidad del sistema de salud, o disminuyen la oportunidad de acceder de los colombianos, pues esto es falso, y el peligro se centra en favorecer la gestación de ideas xenófobas. 

El gobierno nacional y los organismos internacionales han puesto sobre el tapete la necesidad de atención en la salud de la población migrante, no como una estrategia puntual, sino como una oportunidad también para seguir mejorando el desempeño del sistema de salud para todos los habitantes de los territorios receptores, y en particular para los colombianos más pobres que comparten barreras de acceso con los migrantes.  Colombia está atendiendo a esta población con el apoyo de los organismos internacionales, quienes, de la mano con el gobierno, han hecho su mejor esfuerzo por evitar una crisis en Salud Pública. Démosle la mano en esta tarea, titánica si se quiere, y pensemos en generar estrategias integrales para seguir fortaleciendo el sistema de salud para ciudadanos colombianos y venezolanos, en un marco incluyente, reconociendo que el derecho a la salud, como todos los derechos fundamentales, no tiene nacionalidad.  

*Andrés Cubillos es profesor e investigador de UniJaveriana. Julián Fernández es docente en Uninorte. Ambos miembros de laRed Migración y Salud.