El dilema pensional

La Ley 100 de 1993, de privatización de las pensiones, se justificó como una forma de elevar la eficiencia y ampliar el sector financiero y se adoptó sin mayor base científica. Sus autores no conocían la teoría de las pensiones. En los estudios adelantados por las instituciones privadas y públicas se daba por cierto que la privatización elevaría las pensiones y ampliaría la cobertura del sistema. Nada de esto ocurrió. Los afiliados a los fondos privados de pensiones (AFP) reciben pensiones del orden de 25 % del salario, cuando con la modalidad de prima media en el pasado y hoy en día en Colpensiones obtienen el 70 %. Únicamente la cuarta parte de las personas que están en la edad de jubilación acceden a la pensión; el 20 % más alto obtiene el 80 % de la nómina pensional y el 20 % más pobre el 4 %. La estructura de los beneficios pensionales es más desigual que la distribución de ingresos individuales.

Curiosamente, los autores de la Ley 100 han sido los encargados de administrarla, evaluarla, ajustarla y rectificarla. No se ha querido entender que el sistema pensional por su naturaleza solidaria genera un ahorro intergeneracional que da lugar a un rendimiento en las administraciones de pensiones superior al de las instituciones bancarias. Así, en los sistemas de prima media, como el de Colpensiones o el antiguo de los Seguros Sociales, las pensiones son mayores que los aportes incrementados por la tasa de interés de mercado. En términos simples, pagan pensiones superiores a las cotizaciones. En contraste, los fondos privados obtienen ingresos superiores a las cotizaciones ajustadas por la tasa de interés. La diferencia les significa ganancias desproporcionadas que se colocan en el sector financiero.

Si esta realidad no se reconoce y las soluciones se buscan por los medios convencionales de aumentar la edad pensional y las cotizaciones, los beneficios se reducirían por igual a todos los afiliados y las inequidades se mantendrían e incluso aumentarían. La solución sustancial para el sistema estaría en corregir las anomalías donde se originan; hay que trasladar el ahorro generacional a los trabajadores. En la práctica se conseguiría regresando al sistema de prima media para los afiliados y en particular para los de menores ingresos. Los individuos tendrían que cotizar para un tercer fondo que opera dentro de la modalidad de prima media hasta un determinado salario. La parte restante quedaría en las AFP.

La propuesta se hizo en esta columna hasta cinco años, se ha aplicado en algunos países y las sustentan algunos de los miembros de la comisión de gasto designada por el Gobierno. El nuevo fondo generaría mesadas de 70 % del salario y se configuraría con traslados de las AFP.

En la actualidad hay dos opciones casi irreconciliables sobre la reforma pensional. Una consiste en marchitar Colpensiones y dejar el sistema privado como exclusivo. La otra opción consiste en regresar a la prima media para los salarios por debajo de un nivel, por ejemplo, un salario mínimo. Así, los grupos de menores ingresos recibirían la mayor parte del ahorro generacional; las AFP sólo captarían la parte correspondiente a las rentas altas.

Sin duda, el sistema pensional de capitalización contribuyó al retroceso de la equidad en los últimos 25 años. Significó una clara transferencia de ingresos del trabajo al capital y una ampliación de la brecha salarial. El retorno parcial a la prima media no evita los daños del pasado, pero contribuiría a revertir la tendencia declinante de la participación del trabajo en el PIB y el deterioro del coeficiente de Gini.