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La displicencia, la descortesía, el desconocimiento del deber de los funcionarios públicos de asistir a debates de control político en el Congreso, el irrespeto a un senador que —gústele o no— representa a sus miles de electores, uno de esos motivos o todos los anteriores incidieron en la conducta despectiva del director general de la Policía Nacional en la plenaria de la Cámara de Representantes, la semana pasada, citada para discutir la legitimidad de las actuaciones de los temibles Escuadrones Antidisturbios que él lidera en nombre del Estado. Las imágenes dan cuenta del desprecio que el general Óscar Atehortúa mostraba hacia los promotores de la citación, probablemente porque son parlamentarios de la oposición. Cuando Iván Cepeda llamó la atención del oficial en vista de que este pretendía no escucharlo, el general, que se exhibía en uniforme, ni siquiera dirigió su mirada hacia quien lo recriminaba. Le importó un carajo. Aún peor: aupado por los gritos de los amigos del Ejecutivo, Atehortúa no dejaba de sonreír socarronamente, casi retador (ver). Retadora fue, también, en el mismo debate, su superiora política, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, que había publicado varios trinos que concluían con la etiqueta “#NoPudieron”. En uno de estos, Gutiérrez formulaba una pregunta desmesurada por provenir de la persona que garantiza la tranquilidad ciudadana: “¿A quién le queda duda de la estrategia para derrocar al Gobierno?”. Concluía con una frase que, dicha por ella, intimidaba: “Convocaron un paro basado en mentiras. #NoPudieron”. Cuestionada por sus mensajes, la ministra contestó con desfachatez: “Obedece a mi fuero personal”.
El comportamiento de los dos altos voceros de la Casa de Nariño no es casual. Su jefe, el presidente de la República, les ha dado mal ejemplo: no hay una sola frase de Iván Duque que indique que le preocupa la situación generada por el uso excesivo de la fuerza del Esmad contra los ciudadanos que protestan. Por el contrario, Duque ha enviado señales poderosas de respaldo incondicional a sus robocops, seres sin rostro ni cuerpo humano, forrados, como van, con vestimentas metalizadas y armas “menos letales” que, de todos modos, hieren y matan a los que se pongan en su mira. En lugar de proteger a la sociedad civil, el mandatario ha hecho ostensible su apoyo a los más fuertes, dibujándolos como débiles: “Duque visitó, de manera sorpresiva, a decenas de uniformados... y les expresó ‘respaldo en nombre de todos los colombianos por su empeño y sacrificio’” (ver). No se trata, desde luego, de rechazar a los policías en conjunto. Muchos colombianos les debemos agradecimiento a algunos de sus miembros. Pero esta no es la mejor etapa de esa institución, hoy odiada para el grueso de la población.
El aval presidencial ha producido, además de incremento en el desprestigio de Duque, deterioro del respeto por los derechos de la gente. Existe un código penal de hecho en el que hay categorías criminales que no pasan por la Constitución:
Artículo 1º: Portar carteles da pena automática de arresto; si el culpable se resiste, se autoriza al Esmad a darle una golpiza y a embutirlo, a empellones si es necesario, en un bus oficial como sucedió con las mujeres del aeropuerto El Dorado (ver). Artículo 2º: Ser joven o estudiante es motivo de sospecha y si, además, el incriminado marcha con los manifestantes del paro, comete delito grave contra el establecimiento y puede ser trasladado por civiles sin identificar, en un vehículo también sin identificaciones, a cualquier sitio desconocido (ver). Artículo 3º: Llevar teléfonos móviles, grabar videos o audios en esos aparatos o examinar los mensajes que lleguen allí clasifica como terrorismo; los agentes pueden decomisarlos, revisarlos, examinar sus datos y conversaciones sin violar los derechos de intimidad y de privacidad de las comunicaciones. Artículo 4º: Llevar cacerolas en los bolsos o bailar y cantar en los parques es rebeldía y demostración de participación en complots contra el Gobierno: los robocops deben decomisar los utensilios de cocina, fotografiar a los cantantes y a los danzantes, someterlos a requisa y acabar con la fiesta (ver). Desde su punto dictatorial de vista, el jefe de Estado expresó al Esmad su “profundo mensaje de gratitud”: hacen la tarea para él mientras el Estado democrático se extingue. ¡Que viva el orden! ¡Abajo los derechos!
Nota. Esta columna reaparecerá el 8 de enero.