No es la primera ni será la última. De hecho, la penúltima vez que Uribe se pavoneó en redes con lenguaje de guerra habló de la posibilidad de “un buen muerto”. Ahora leemos en su cuenta personal que Santos “nos deja el asesinato aplazado”.
Una lápida para los que supuestamente están por venir. Que no son otros que los campesinos cocaleros convertidos por el diccionario uribista en narcotraficantes, que es legítimo y deseable desaparecer con violencia. Como no los mataron durante el proceso de paz, ahora les llegó la hora: más o menos esa es la tenebrosa idea.
Pues bien, viene al caso un nuevo libro sobre los Orígenes de la coca en los Andes amazónicos, editado por los profesores Paul Gootenberg y Liliana Dávalos. Según los autores el boom de coca en los 70 es una consecuencia de la fallida intervención del Estado y su proyecto modernizador en las zonas selváticas.
En tiempos de la Alianza para el Progreso eran tantas las presiones de los Estados Unidos para impedir futuras revoluciones que la idea de colonizar tierras selváticas y lejanas de las ciudades principales tomó fuerza. Nos hablan del valle del Huallaga, en Perú. De la región del Charare en Bolivia. Y, por supuesto, del Meta y luego Putumayo, en Colombia.
En los tres países se intentaron diferentes formas de desarrollo y colonización que fueron abandonadas a su suerte. Sin créditos, escuelas, servicios sociales o jurídicos, sin comunicaciones ni trabajos, los campesinos se convirtieron en cocaleros.
Primero Bolivia y después Perú. La pasta base de cocaína se consolidó, hecha con los residuos de kerosene, el cemento y los plásticos del mismo proyecto desarrollista que no fue. Ya en los 80, el turno fue para Colombia.
No hay, pues, razones para reparar en futuros e inevitables asesinatos. Lo que sí tenemos son promesas incumplidas, proyectos inconclusos y Estados faltones. Para que no haya más muertos, iría mejor cumplir con lo aplazado (si no es que lo pactado).