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El único que en campaña habló abiertamente de prohibir la dosis mínima fue Iván Duque. Petro, De la Calle y Fajardo la defendieron. Incluso Vargas Lleras. No es entonces extraño que la política de aspersión con glifosato vuelva a ser considerada la única solución posible al tema de la coca.
El ministro de Defensa explicó en radio que la erradicación forzosa es el camino a seguir. No está claro el método (los famosos drones que tanto lo trasnochan son una opción), pero el ministro es otro funcionario más que se agrega a la larga lista de personas que con humor, cheveridad y desenvoltura afirman que el químico es ideal. “Yo como agricultor que he sido lo he usado con resultados estupendos”, se le escuchó al emprendedor ministro.
Habrá que ver cómo responden a esta nueva estrategia los ministros de Salud, Justicia, Educación, Ambiente y Relaciones Exteriores. La medida pone a prueba el tan cacareado perfil técnico del nuevo gabinete del presidente Duque. ¿Se alinearán con la política antidrogas de los Estados Unidos o entrarán, por lo menos, en algún tipo de debate con el entusiasta ministro de Defensa?
La pregunta es evidentemente bastante tonta. Los argumentos de autoridad frente al uso del glifosato los darán gustosamente la Policía, el Ejército y la propia Fiscalía. Y si concertación con las comunidades nunca hubo en la historia reciente del glifosato (que lo digan si no los indígenas y afros del Pacífico colombiano), con el ministro que quiere prohibir la protesta social hay aún menos posibilidades.
En vez de perseguir a los que procesan y comercializan, el peso recaerá en los que cosechan. Adiós, también, a los puntos 1 y 4 de lo pactado en La Habana. Aquí no habrá ni desarrollo rural ni sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Con la erradicación forzosa inicia una buena parte de lo que implica hacer trizas lo acordado en La Habana.