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Un empresario al mando del Ministerio de Defensa es motivo de todo tipo de inseguridades. Primero, porque el ministro Guillermo Botero no sabe lo que dice la mayor parte del tiempo. Y, segundo, porque no le importa.
En su defensa del glifosato para los cultivos de coca Botero omitió las precauciones adoptadas por la administración anterior. Como argumento de autoridad, aclaró que “en su experiencia como agricultor” no conocía un mejor herbicida que el glifosato. Es decir: no solo poco le interesa más allá del sector privado, sino que gobierna como si el país fuese su finca.
El punto es más que anecdótico. En la última de sus intervenciones, por supuesto en un congreso para empresarios reunido en Cartagena, aseguró sin prueba alguna que los grupos armados financian con dineros ilícitos la protesta social. Se refería a espacios como el de la carretera Panamericana. Sin decirlo, se refería a los indígenas organizados. A las juntas de acción comunal. A los afros. A las consultas populares. “Ayer me cerraron unas carreteras en Nariño”: ¡a él! No al Estado, no a la administración de Duque y ciertamente tampoco al ministro de Defensa; al empresario.
Arrancó su discurso con que las facciones residuales de las Farc, el Eln y el Clan del Golfo son un problema y lo cerró con que aplicarán el derecho internacional humanitario, que está ahí justamente para distinguir a los combatientes de los no combatientes. Que tomen nota en la ONU y en la OCDE: el ministro de Defensa le puso una lápida encima a los líderes sociales ondeando al mismo tiempo las banderas del DIH.
Le preguntan en una entrevista qué piensa de la minería ilegal y el empresario promotor del glifosato toma el rol de defensor del agua, de los ríos, del medio ambiente. Ahora se dice preocupado por “el envenenamiento por utilización de químicos”.
No sabe. Tampoco le importa.