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Me genera sentimientos encontrados la consulta anticorrupción. Sólo la mitad de las reformas atacan directamente el problema y las otras son propuestas demagógicas. Vamos punto por punto.
Punto 1: Cada vez que se propone bajar el sueldo de los funcionarios públicos para combatir la corrupción o reducir el gasto, me suena una alarma populista. Los más altos funcionarios del Estado reciben 10.000 dólares al mes por su trabajo, un sueldo que no es particularmente alto según estándares mundiales. Si se reduce a 6.000 dólares, claro, se ahorra algo de dinero que se puede invertir en cualquier cosa, causas más nobles, pero también se puede gastar en corrupción y el problema seguirá igual. Abrir la consulta anticorrupción con una propuesta que no hace nada para combatir la corrupción, sino que engaña al votante con una artimaña, me parece un mal mensaje y me pone en guardia.
Punto 2: Eliminar los beneficios en las penas que pueden tener quienes participan del robo al erario público es importante y debería ser el primer punto de la consulta. El miedo al castigo puede disuadir a los empresarios y funcionarios públicos que participan de la corrupción. Es importante también impedir que vuelvan a contratar con el Estado. La consulta, sin embargo, deja huecos. ¿Qué pasa con los corruptos que pagan sus condenas en instalaciones militares y de la policía, o en pabellones de lujo en las prisiones?
Punto 3: La reforma a la contratación es importante y el Gobierno se ha adelantado y le ha quitado dientes a la consulta, tramitándola ya en el Congreso. Esperemos que sea aprobada.
Punto 4: Es propuesta absurda e imposible de ejecutar salvo a niveles muy locales y con presupuestos pequeños. También es demagógica. ¿Qué es la ciudadanía salvo una masa de gente con intereses las más de las veces opuestos? Precisamente las elecciones y los debates institucionales son el mecanismo para que la ciudadanía participe, mediante sus representantes, de la planeación del presupuesto. Lo que hay que atacar es la desconexión con los representantes elegidos por la ciudadanía para planear el presupuesto público. Este es punto neurálgico de la corrupción y la verdadera fractura de la democracia. La consulta no trata esto y añadir instancias de discusión que no es claro si podrían operar es inoficioso.
Punto 5: Las rendiciones de cuentas de los congresistas son otra propuesta demagógica y superficial, que no ataca el problema de la corrupción. Lo importante no es presentar muchos proyectos de ley, sino presentar buenos proyectos de ley. De lo contrario se está desperdiciando el tiempo de los congresistas. Ya hay, además, mecanismos para la pérdida de investidura por ausentismo. Si el problema es que al Congreso llega gente mediocre, hay que atender el problema en la compra de votos, en la falta de buena educación política entre los colombianos. También pasa que a cualquiera lo pueden engañar y cree estar votando por un buen candidato. Es tan grande el tarjetón de congresistas que muchos votan por un nombre que medio les suena, porque no saben quiénes son los demás. También se puede fomentar la difusión de información sobre el desempeño de congresistas. Para eso no es necesario una ley.
Punto 6: Aplaudo que los congresistas deban presentar públicamente su declaración de renta y sus bienes, porque le otorga más transparencia al Congreso. Es cierto que si hay más transparencia se reduce la corrupción, pero también que congresista que quiera usar su puesto para robar tiene muchas formas de esconder su patrimonio. Bienvenida, aunque no soluciona mayor cosa en la estructura de la corrupción.
Punto 7: Puede ser una buena propuesta para la democracia, pero hace relativamente poco para acabar con la corrupción. Jorge Enrique Robledo lleva cuatro periodos de congresista haciendo un trabajo maravilloso. Lo importante no es cuántas veces es elegido, sino que tenga buen desempeño. Esto me despierta la frustración de que las instituciones colombianas son demasiado débiles para atacar el tema de fondo, entonces nos tenemos que contentar cambiando las formas. En un balance final probablemente traería más ventajas que desventajas.
Así que de las siete propuestas de la consulta anticorrupción, dos son buenas para combatirla, tres regulares y dos malas. Para colmo, el tema se ha vuelto partidista. El Centro Democrático dice ahora que es una consulta de la oposición y con eso, al igual que la paz, queda politizado el proceso. Así ha quebrado su poder simbólico.
Son propuestas flojas y el procedimiento resultó divisivo porque había capital político en sabotearlo. Lo segundo, por supuesto, no es culpa de los promotores.
La consulta habría atacado el corazón de la corrupción si hubiese propuesto prohibir la financiación privada de campañas, o que los jefes de los entes de control sean elegidos por la rama judicial y no la legislativa. Esto que se presenta es un gesto bienintencionado.
Es preferible votar la consulta, hacer el esfuerzo político y participativo de manifestarse, pues algunas reformas son útiles; pero a riesgo de parecer cínico, considero que al final de este proceso —así sea exitoso— no lograremos los grandes avances que nos prometen en la lucha contra la corrupción.
Twitter: @santiagovillach
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