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“El tal paro nacional agrario no existe”, afirmó el presidente Santos en agosto de 2013. De esa declaración se arrepentiría profundamente: el paro, uno de muchos en su mandato, tomó fuerza y paralizó al país varios días. Su sucesor, con pocos meses en el cargo, ya pasó por un paro prolongado de universidades y de estudiantes y abortó uno de cafeteros con 100.000 millones de apoyo que no necesitaban.
Buena parte de los paros se levantan con la promesa de recursos para el sector vociferante: universidades, cafeteros y estudiantes, los últimos tres enfrentados por este gobierno, se silenciaron de esa manera. Pero Colombia es una democracia participativa donde los diferentes sectores y las diferentes demandas de la sociedad deberían estar representados en el Congreso y éste, teniendo una mirada sobre los infinitos posibles destinos de los recursos gubernamentales, debería balancearlos apropiadamente. Cuando las decisiones de gasto público se hacen a través del chantaje, esa ponderación se pierde. Por ejemplo, los estudiantes consiguieron varios billones para la educación superior. Aplausos. Pero no hubo ni habrá una marcha que paralice al país pidiendo recurso para la primera infancia, a pesar de que los retornos sociales de esas inversiones superan con creces los de la terciaria. Y como tenemos una bolsa limitada de recursos, necesariamente los triunfos de los vociferantes se pagan con cargo a los silenciosos.
Lo preocupante del caso es que pareciera que las demandas sociales, que además con la consolidación de la clase media aumentan, se están tramitando de manera creciente a través de las vías de hecho en lugar de la representación política. Hay evidencia que respalda esa impresión: por ejemplo, la historia de búsqueda de las palabras “paro” y “senado” en Google en Colombia muestra una tendencia creciente en el tiempo para la primera que increíblemente supera en los últimos años a la segunda: hablamos más de paros que de senado.
Twitter: @mahofste