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La última ley de televisión es del año 2012. Una reforma normativa que, mal y de afán, postergó los indispensables ajustes que requería la industria audiovisual en Colombia para enfrentar los retos del desarrollo tecnológico y los cambios profundos derivados de la creciente penetración de internet.
Pasados cinco años, es evidente que la legislación ignora que el mundo cambió. Frente al rezago normativo, y cuando la economía del sector rompió todos los esquemas conocidos, no existe una hoja de ruta que garantice la supervivencia de la televisión colombiana.
El Congreso y el Gobierno no han hecho la tarea de concebir un nuevo marco normativo para la televisión en esta era de la convergencia audiovisual. La única política que tienen clara es el modelo de Robin Hood: cobrarle un dinero a los operadores privados para obtener recursos para la televisión pública.
Circulan por ahí proyectos de ley, que no hacen más que maquillar las normas de televisión que hoy existen. Esos proyectos coinciden en proponer el establecimiento del tal regulador convergente; como la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC en inglés) de Estados Unidos, creen algunos. Es un espejismo, frente a nuestra realidad institucional.
En Colombia, al menos desde 1985 se está buscando un organismo regulador de la televisión que lo sea también de las telecomunicaciones y no dependa del Gobierno. Esa independencia nunca se logró, ni siquiera cuando la Constitución Política de 1991 se inventó el ente autónomo que desapareció en 2011. La verdad es que los sucesivos presidentes de la República han manejado a su antojo la televisión y, para bien y para mal, son responsables de su destino.
Hoy a la televisión en Colombia la rondan varias entidades: ANTV, CRC, ANE. Atribuirle a una de ellas —o a una nueva— todos los servicios de telecomunicaciones podría ser peor si no se resuelven dos cuestiones fundamentales: primero, la idoneidad y trasparencia de las personas que conformarían el órgano directivo. Segundo, la firme decisión de permitir que la televisión en Colombia compita con las nuevas formas de distribución de contenidos audiovisuales, para lo cual el Estado tendrá que olvidarse de que la industria es su vaca lechera para hacer televisión pública de dudosa calidad y efectividad.