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El Estado colombiano está incumpliendo de manera descarada un compromiso adquirido con los órganos de supervisión de Naciones Unidas sobre derechos humanos. El 17 de marzo de 2003 anunció públicamente que extendía una invitación abierta a los relatores especiales y Grupos de Trabajo de derechos humanos a visitar el país. Diecinueve de ellos han hecho saber a las autoridades colombianas su intención de venir a Colombia, y no han sido autorizados para ello. Cuatro en el anterior gobierno: el relator sobre alimentación (en 2009), el Grupo de Trabajo sobre mercenarios y las relatoras sobre violencia contra la mujer y sobre vivienda; y 15 en el actual gobierno: los relatores sobre salud, verdad, desplazados internos, agua, migrantes, desechos tóxicos, pobreza extrema, discapacidad, contraterrorismo, racismo, minorías, y los Grupos de Trabajo sobre detención arbitraria, poblaciones afrodescendientes, empresas y derechos humanos, y discriminación contra las mujeres y las niñas.
Llama la atención esa reticencia, pues desde 1988 el país se ha beneficiado con la visita de 22 de estos relatores, quienes han formulado valiosas recomendaciones para superar la grave situación de derechos humanos que lamentablemente hemos padecido. El relator sobre pueblos indígenas advirtió en su segunda visita, realizada en 2009, sobre la necesidad de proteger a dichos pueblos “en materia de derechos a tierras y recursos naturales y la consulta previa en decisiones que les afectan”. El relator sobre ejecuciones extrajudiciales también nos visitó en 2009 y constató la gravedad de los mal llamados “falsos positivos”; además, instó a evitar “una nueva victimización de los grupos que a lo largo de los años han sido desmedidamente atacados por todas las partes en el conflicto colombiano, como los defensores de los derechos humanos, en particular los sindicalistas y los activistas en favor de los derechos de las mujeres, las minorías, las lesbianas, los gais, las personas transgénero, las comunidades afrocolombianas e indígenas, y las personas con discapacidades físicas o mentales”. El relator sobre desplazados internos, quien vino en 2006, invitó a “combinar la asistencia humanitaria con un enfoque cuasi simultáneo orientado hacia el desarrollo para encontrar soluciones en el mediano y largo plazo”.
Estas son apenas unas muestras de las muy pertinentes observaciones formuladas por estos y los otros relatores que han visitado el país, como los de tortura, racismo, independencia de jueces, defensores de derechos humanos, violencia contra la mujer, educación, libertad de expresión, salud, y los Grupos de Trabajo sobre desapariciones forzadas, detención arbitraria y la experta independiente sobre minorías.
Felizmente, está presente en Colombia desde 1997 la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con su doble mandato de observación y asistencia técnica en esta materia. Pero no hay ninguna justificación para que el Estado prive a la sociedad de la posibilidad de beneficiarse de la mirada especializada de los relatores y Grupos de Trabajo que se han ofrecido a venir al país, basados en una embustera invitación abierta que las autoridades colombianas no se dignan honrar.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org)