Impuestos a la tierra

Una de las taras más serias para el desarrollo de la sociedad colombiana es el monopolio sobre la propiedad de la tierra. El Censo Agropecuario de 2014 informa que 0,02 % de los predios mayores de 1.000 hectáreas concentran el 74 % del área agropecuaria, y 70 % de los predios menores de cinco hectáreas poseen solo el 2 % de la superficie, por lo general tierras de mala calidad, colgadas de las laderas o expuestas a las inundaciones. La comparación de los censos de 1970 y 2014 revela que también todas las categorías de mediana propiedad perdieron participación durante estos 44 años de intenso conflicto. Se desplazaron ocho millones de personas, la mitad de la población rural que perdió todos sus haberes.

Entre las razones para que sea rentable acumular tierras es que no hay que pagar impuestos sobre ella. El impuesto predial en la mayor parte de los municipios del país es bajo y el catastro o no está levantado en 28 % del territorio, o está atrasado en más de 30 años en otro 57 % del mismo. La propiedad subvalorada paga también muy poco del impuesto a la riqueza que las reformas tributarias imponen de vez en cuando, en forma siempre temporal. Otra razón es que la paciencia paga: eventualmente el Estado llegará a construir carreteras e interconectará la electricidad, que valorizarán las tierras que se benefician del gasto público al que poco contribuyeron estos privilegiados.

El problema de fondo es que no se ha construido en el país un Estado fuerte y soberano al que todas las élites acepten pagar tributos. Por el contrario, es el Estado el que ha delegado en las élites que dominan el espacio rural el control de la autoridad sobre el territorio, mediante grupos armados privados financiados por ellos o por narcotraficantes. Por lo mismo, el Estado no quiere o no puede imponerles a estas élites el deber de tributar.

Desde la firma del Acuerdo de Paz, el mismo Estado asumió el compromiso de modernizar y actualizar el catastro, que debe ser multipropósito para que cubra aspectos económicos, ambientales y sociales de todos los predios. Existe el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para adelantar el nuevo catastro y una de las agencias de la Presidencia lo impulsa, pero sus funcionarios saben que el presidente eterno se opone y posiblemente logre obstaculizarlo.

Se puede demostrar el enorme avance que significaría contar con un catastro veraz sobre la realidad del millar de municipios de todo el país. Primero, aumentaría el recaudo del impuesto predial, que debería tener rangos entre tres por mil y 3,3 % para tierras de engorde, pero también del impuesto de industria y comercio, al contar con información sobre granjas avícolas y porcícolas, agroindustrias de diverso tipo, comercio y prestadores de servicios rurales. Municipios mejor financiados podrían invertir en vías terciarias, huellas de cemento y distritos de riego, acelerando su desarrollo económico.

Segundo, los departamentos podrían administrar la actualización de los catastros en sus regiones y obtener algunos ingresos de su gestión. En verdad, este nivel de gobierno está atrofiado y debiera fortalecerse con sus propias iniciativas tributarias y unas transferencias más sustanciales de la nación. Lo anterior, combinado con asociaciones entre departamentos, facilitaría la construcción de vías secundarias y obras que beneficien sus regiones. Así, el país sería menos centralista, más rico y bastante más justo.