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¿La violación al derecho de autor afecta negativamente las ventas legales?, fue la pregunta base del contrato de 360.000 euros que la Comisión Europea otorgó a la empresa holandesa Ecorys en 2014. El estudio debía servir de base para la política pública europea, pero terminó archivado durante dos años, aparentemente, porque la conclusión fue no, no lo afecta.
Gracias a la petición de información pública efectuado por la parlamentaria europea Julia Reda (Partido Pirata) conocimos esta semana el informe “Estimación de las tasas de desplazamiento de contenidos protegidos por derechos de autor en la UE”, que el consultor entregó a la Comisión en mayo de 2015.
La Comisión no explicó por qué fue engavetado el estudio. Sin embargo, el olvido resulta como mínimo sospechoso, pues la conclusión del informe es que, excepto si se trata de películas de estreno, no hay evidencia para afirmar que la violación a derechos de autor en línea sea la responsable por el desplazamiento de las ventas. El problema es que precisamente esa ha sido la lógica que ha soportado toda reforma de derecho de autor durante las últimas décadas. Por eso, la teoría de conspiración según la cual la Comisión oculta esta información no es una locura de tres gatos.
En su blog, Julia Reda denuncia que el olvido de la Comisión afectaría, por ejemplo, la reciente propuesta de ese ente que obligaría a los intermediarios de internet a instalar filtros para seguir todo contenido subido a la red por las personas. La industria del entretenimiento alega que en servicios como YouTube, por ejemplo, se alojan contenidos legales e ilegales, y que eso produce un desplazamiento de las ventas porque se permite el acceso a contenido no autorizado. Para Reda, analizar este tipo de propuestas requiere conocer toda la evidencia y, por tanto, sugiere que ocultar el estudio evitaba evaluar sus argumentos.
Escribo esta columna el 28 de septiembre, Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información, como un homenaje a esta herramienta legal y a su potencial para exigir transparencia a los gobiernos. Necesitamos políticas públicas soportadas en evidencia y esa evidencia debe ser pública.