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Abominable y aborrecible. Así es la idea que el superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano, lanzó en un congreso en Siena, Italia. Propone que la Superintendencia deje de combatir la captación ilegal de dineros del público. Además, frente a todas las funciones de la entidad, plantea “hacer un énfasis mayor en la pedagogía para el cumplimiento normativo” y que “no cabe duda de que es la pedagogía y la prevención lo que comporta mayores réditos”.
Liévano es reiterativo. Quiere “rescatar el rol pedagógico de la Superintendencia, en contraste con el meramente sancionatorio”. Lo que propone es devaluar la autoridad.
Supersociedades no es un club gastronómico donde las directivas pueden enfatizar el cabrito con pepitoria a expensas del ajiaco santafereño. La Superintendencia tiene funciones que no son negociables. Que César Mondragón engañó a miles de clientes de Estraval vendiéndoles cinco veces la misma libranza lo descubrió Supersociedades. Este sujeto estafó además al Deutsche Bank con libranzas fraudulentas que valían 25 millones de dólares. ¿Qué propone Liévano? ¿Enseñarle a Mondragón que no sea malo?
Los últimos superintendentes, Francisco Reyes y Luis Guillermo Vélez, tomaron medidas severas en los escándalos de Interbolsa, Fondo Premium, Estraval, Elite, etc. Se decretó la muerte comercial de personajes como Juan Carlos Ortiz, Rodrigo Jaramillo y Alessandro Corridori. Eliminar las funciones frente a la captación ilegal solamente beneficia a delincuentes de cuello blanco. Liévano les tiende la mano a los reos mientras se burla de las víctimas, para las cuales Supersociedades ha sido la única entidad estatal que les ha devuelto parte de sus ahorros (en Premium fue la totalidad) y los ha escuchado a través de los liquidadores.
¿Cree Liévano que apropiarse de miles de millones de pesos de viudas y pensionados es solo un acto de pésima educación que se corrige con un manual de urbanidad? ¿Piensa que como la Superintendencia liquida sociedades comerciales él debe, en un acto coherente, liquidar Supersociedades?
La entidad está paralizada. Hay abogados que dicen que están represadas y demoradas las solicitudes de compañías que necesitan ser admitidas a insolvencia (antes concordato). Y otro mal síntoma: Liévano nombró como mano derecha a una abogada que tuvo que declararse impedida en decenas de casos porque los había llevado en Brigard Urrutia, como lo denunció Santiago Martínez en El Espectador. Nombrar a alguien que no va a poder cumplir sus funciones no es serio. Como no es serio hablar de pedagogía ante funciones punitivas del Estado. La pedagogía está bien para Mockus, que enseñaba a la gente a cruzar por las cebras.