La falta de lógica territorial

La falta de una estrategia de desarrollo territorial cruza todos los grandes fracasos del país: la sustitución de cultivos ilícitos, las reiteradas mingas indígenas, los paros del Chocó, la debilidad de las zonas de reserva campesina, la deforestación y expansión de la frontera, la minería predatoria, las economías ilegales del narcotráfico, la persistencia de las bandas criminales, la pobreza rural crónica de la periferia, la inseguridad de los derechos sobre la tierra, los conflictos socioambientales, los usos inadecuados del suelo y la ausencia de desarrollo rural.

El acuerdo agrario para una paz duradera fue el primer compromiso que introdujo el enfoque territorial para solucionar los problemas rurales, pero no se ha aplicado porque toda la estructura del Estado está concebida en órganos sectoriales, y porque la división política en municipios y departamentos no ha logrado profundizar la descentralización del poder ejecutivo porque no reconoce los territorios como unidades vivas de gestión y planeación del desarrollo.

El país ha tenido algunos éxitos cuando ha decidido coordinar las acciones sectoriales en áreas geográficas específicas, como lo hicieron el DRI, la primera fase del PNR y el Programa de Consolidación de la Macarena, pues todos ellos tuvieron en cuenta la lógica territorial y lograron coordinar las acciones sectoriales en el territorio.

La gran falla de las políticas públicas es la ausencia de la dimensión espacial, el territorio, la geografía de localización, infraestructura e integración de los mercados. La competitividad no está en las firmas o unidades productivas individuales, sino en las cadenas productivas, que se configuran cuando hay la conjunción de los recursos naturales, infraestructura, conocimientos y capacidades de la población en un territorio.

Todos los instrumentos de política pública son individuales, subsidios, estímulos tributarios, créditos, y muy poco bienes públicos transversales, que son los que desarrollan e integran territorios. Mientras en Estados Unidos el 90 % de la inversión rural va a bienes públicos, especialmente infraestructura y tecnología, y solo el 10 % a subsidios directos a productores, en Colombia es la proporción inversa, el 90 % a subsidios, preferentemente a los grandes productores, y 10 % a bienes públicos de beneficio general.

Los pequeños productores aislados no compiten en el mercado global, pero en asociaciones eficientes pueden hacerlo si cuentan con los bienes públicos necesarios: salud, educación, tecnología, derechos de propiedad, infraestructura que conecte los mercados, para lograr economías de escala y capacidad negociadora. En muchas ramas de la producción, inclusive, los pequeños productores son más eficientes que los grandes, al ser intensivos en trabajo.

Como Colombia es uno de los países más vulnerables al cambio climático, es imperativo que todas las políticas públicas se dirijan a hacer una gestión eficiente del territorio, para preservar o restaurar los ecosistemas estratégicos, redistribuir la población de acuerdo con la oferta ambiental y usar adecuadamente los recursos naturales y las capacidades humanas para elevar la competitividad del país en el concierto global.