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En lo que va de 2021 se han cometido 16 masacres en 14 municipios y han dejado 61 víctimas. Como se esperaba, este será un año más violento que el 2020. Durante el primer mes de 2021 se cometieron ocho masacres que dejaron un saldo de 34 víctimas mortales. Este panorama no parece mejorar para el mes de febrero pues, al día hoy, se reporta la ocurrencia de ocho masacres. Los datos del primer mes son los siguientes:
• Domingo 10 de enero. Betania, Antioquia: tres (3) personas fueron asesinadas en el sector La Cuarentena.
• Domingo 10 de enero. Florencia, Caquetá: tres (3) jóvenes fueron asesinados en zona rural, en los límites con el municipio de Solano.
• Martes 12 de enero. Cali, Valle del Cauca: Tres (3) personas fueron asesinadas en la galería Santa Helena.
• Lunes 18 de enero. Popayán, Cauca: tres (3) jóvenes fueron asesinados en el barrio El Recuerdo de la comuna 6.
• Lunes 18 de enero. Tarazá, Antioquia: cuatro (4) personas fueron asesinadas en el barrio Santa Elena, sector Las Palmas.
• Miércoles 20 de enero. Tumaco, Nariño: hallaron los cuerpos de dos (2) de las once (11) personas reportadas como desaparecidas. Hasta el momento se han encontrado cinco (5) cuerpos.
• Domingo 24 de enero. Buga, Valle del Cauca: cinco (5) jóvenes fueron asesinados en una finca de la vereda Cerro Rico.
• Domingo 31 de enero. Roberto Payán, Nariño: hallaron una fosa común con cinco (5) cuerpos en la vereda Fátima, en límites con Olaya Herrera.
Desde finales de enero y durante febrero las masacres se concentraron en el suroccidente colombiano. Muestra de ello fue el hallazgo de cinco (5) cuerpos en tres (3) fosas comunes ubicadas en la vereda Fátima, en los límites entre Roberto Payán y Olaya Herrera, y el descubrimiento de los cuerpos de cuatro (4) jóvenes caucanos desaparecidos desde el viernes 29 de enero en una camioneta ubicada en el corregimiento Los Naranjos, del municipio de Policarpa (Sierra de Nariño).
A estos hechos se suma la desaparición de once (11) personas que se dirigían al municipio de Mosquera, a quienes se vio por última vez el miércoles 13 de enero. Los cuerpos de cinco (5) de ellas fueron encontrados en los días posteriores al 20 de enero en el distrito de Tumaco y, dado el tiempo que ha transcurrido desde que se tuvo noticias del grupo, sus familiares asumen que todos los integrantes fueron asesinados y sus cuerpos arrojados a una de las múltiples vertientes hídricas que alimentan al departamento de Nariño.
El siguiente mapa muestra las ubicaciones donde se han cometido las 16 masacres del 2021. Como se ve, el suroccidente es la zona más afectada del país:
En la actualidad, en Colombia confluyen cuatro procesos que hacen que el país esté en una tormenta perfecta en materia de seguridad. Por un lado, un boom de las economías ilegales: los precios del oro y de la pasta base de coca se han incrementado en los últimos meses. En segundo lugar, un empate técnico donde los actores criminales en disputa, en la medida en que no pueden vencer al otro, han degradado la violencia. En tercer lugar, la ausencia de una política de seguridad y la no existencia de liderazgo. Por último, un año preelectoral.
En al menos seis regiones del país, entre esas la del Pacífico nariñense, ya se incubó una nueva ola de violencia, las salidas milagrosas no existen y, en general, el problema ya no es siquiera de presencia institucional o la falta de una estrategia de ocupación territorial, el panorama es mucho más complejo. El gobierno Duque dejó crecer la ola de violencia y ha sido incapaz de crear una estrategia de contención.
El hecho más reciente ha sido la masacre en el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, ubicado en la zona rural de Tumaco, cometida el 21 de febrero. El número total de víctimas se desconoce puesto que los acontecimientos se enmarcan en la incursión de un grupo armado denominado Iván Ríos, identificado por las comunidades como una disidencia del GAO Los Contadores, el cual aún está en el territorio.
Lo que iba a ocurrir en esta zona era algo así como crónica de una muerte anunciada. En la costa Pacífica nariñense operan siete estructuras ilegales, en una guerra de todos contra todos y nadie sabe quién dispara. La Fuerza Pública esta muy cerca de estas áreas, pero su operatividad es inexistente. Están encerrados en los cuarteles y las comunidades se quejan de su falta de operatividad.
Ahora, el Gobierno nacional anuncia como gran política de seguridad el regreso de las fumigaciones. Sobre este punto se pueden decir tres cosas. Por un lado, el Gobierno confunde una política de seguridad con una política de lucha contra las drogas, un error de primíparos. En segundo lugar, fumigar no hará otra cosa que incrementar el precio de la droga y por ende habrá más recursos para los criminales. Por último, es una medida totalmente ineficaz, que agravará la violencia en las regiones.