De acuerdo con la página del Mintic, tenemos un nuevo Conpes 3968 sobre incentivos de acceso a internet. A pesar de buscar por todos lados, no hay evidencia de que su borrador hubiese sido publicado y abierto a comentarios. En cambio, sí nos contaron que circuló entre listas de conocidos. Se trata de una “jugadita” que deja mucho que desear a los compromisos con la transparencia y la participación.
La “jugadita” consiste en cambiar la publicación del borrador con invitación pública y abierta a comentarios de cualquiera, por una invitación cerrada que circula por correo y/o WhatsApp. En Karisma, donde trabajo, hace años hacemos seguimiento a este tipo de políticas y ya en julio pasado habíamos visto algo similar con el Conpes de Transformación Digital.
Con esta actitud, la Dirección de Desarrollo Digital del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la entidad responsable de estos procesos, desconoce los estándares internacionales en temas de formulación de políticas públicas, las recomendaciones de la OCDE para Colombia, las promesas internacionales del país hacia un Estado abierto y los propios lineamientos que ha expedido la organización.
Los estándares internacionales piden una política pública de puertas abiertas, con análisis de impacto, con participación ciudadana y amplia. Los gobiernos internacionalmente han reconocido el valor de la apertura, de promocionar los documentos en borrador para recibir comentarios que les permitan evitar puntos ciegos.
Las democracias más modernas reconocen que quienes trabajan para el Estado, por más experticia que acumulen, no entienden todas las caras de un problema y menos los daños que pueden causar las a veces necesarias simplificaciones. La inteligencia, en este caso, consiste en aceptar que unas cuantas personas no tienen la capacidad para conocer las realidades de todo un país. En contravía con esta tendencia, en Colombia nos aferramos a una actitud prepotente del desarrollo y la política pública en la que el Gobierno quiere que se haga su voluntad sin consultar con actores que puedan tener otra perspectiva.
Colombia ingresó a la OCDE el año pasado y, a pesar de que llenamos los requisitos, este tipo de actitudes muestran que la voluntad de cumplir con sus parámetros es floja. La OCDE es una organización internacional que actúa como un centro de pensamiento que produce recomendaciones para una mejor política pública. De hecho, Colombia paga la membresía para hacer parte del club y recibe a cambio recomendaciones de la organización.
Colombia está por debajo del promedio en participación de los actores interesados en el desarrollo de política pública. Ese es el diagnóstico que se lee en el informe país y las recomendaciones de la OCDE en 2018. Para enfrentarlo, la OCDE propuso hacer consultas con grupos de interés, reuniones informales sectoriales y talleres en los diferentes niveles del proceso regulatorio. Además, recomendó tener un sistema único, centralizado, de consultas públicas que sistematice los procesos con otros actores.
No se trata tan solo de pedir comentarios al final del proceso, justo antes de convertir el documento en norma. Para solucionar estos problemas, la OCDE ha recomendado al país institucionalizar un análisis de impacto normativo. Un estudio de este tipo busca que la regulación no genere mayores costos sociales o económicos por falta de reflexión y participación. Uno de los primeros pasos debería ser la consulta con actores interesados como una forma de mejorar la política y de obtener datos valiosos. Es decir, la consulta debe existir en los diferentes niveles del proceso regulatorio.
Inspirado por la OCDE, el Gobierno está montado en el tren de la conectividad y la transformación digital, pero quiere montar a los pasajeros sin preguntar. El Conpes sobre incentivos de acceso a internet sucede a pesar de que la OCDE ha dicho que no hay transformación digital si no hay gobierno abierto y si no se lleva el Estado a lo digital.
Por otro lado, Colombia es parte de la Open Government Partnership donde los procesos de consulta son esenciales y los miembros hacen promesas para mejorar en estos aspectos. De hecho, para ingresar a la OCDE, el DNP expidió el Conpes 3816 de 2014 que incluía entre sus objetivos “mejorar los procesos de consulta, y la mejora en la divulgación y acceso a la información relacionada con el proceso de emisión normativo”. Inclusive, expidió una Guía de análisis de impacto normativo basada en la de la OCDE.
A pesar de este contexto, los borradores de los Conpes que mencionamos circularon por listas de correo cerradas en las que los textos se comentan entre amigos. Esto sucede, no porque no se cuente con las herramientas para tener enfoques participativos, sino más como una nueva modalidad de “jugadita”.
La ausencia de procesos para la participación de todos los actores en la construcción de políticas públicas en el país es un problema estructural, por ello, cualquier “jugadita” que evite la participación pública les hace daño a las buenas intenciones de participar en espacios como la OCDE o el Open Government Partnership.
En conclusión, el DNP no predica con el ejemplo. ¿Cómo podemos hacer que cumpla sus promesas de participación y reflexión sobre el impacto de las regulaciones para la sociedad colombiana? ¿Cómo hacemos para que la participación sea amplia y no solo con los amigos, con gremios, empresas y actores poderosos? Un mensaje para la Dirección de Desarrollo Digital del DNP: la transformación digital empieza por casa.