La ley de financiamiento en la cuerda floja

La Ley de Financiamiento expedida el año pasado está en vilo. La ley fue demandada y la Corte Constitucional ha solicitado conceptos a las instituciones oficiales y privados sobre su conveniencia y los efectos que tendría una eventual suspensión. En el fondo, la Corte pretende evaluar los costos económicos del cumplimiento de las normas jurídicas.

La Ley de Financiamiento fue justificada por el Gobierno como una forma de llenar o subsanar el hueco fiscal causado por gastos indispensables. Se decía que la ley reduciría el déficit fiscal y reactivaría la economía. Las cosas evolucionaron en forma distinta. La ley se empleó para elevar los gravámenes a los grupos laborales por distintos caminos y bajar los tributos a las empresas por la vía de la reducción de las tarifas a la renta y la reducción del IVA a las importaciones. El hueco fiscal no era para el gasto indispensable, sino para reducir los gravámenes a las empresas.

El balance no es serio. La ley no correspondió al discurso público, sino se convirtió en un medio para modificar las cargas tributarias. El propósito central de reactivar la economía y alcanzar una tasa de crecimiento de 3,6 % tampoco se logrará. A estas alturas del año, no hay ninguna posibilidad de realizarla. Lo más grave es que el incumplimiento de la meta estuvo acompañado de un déficit en cuenta corriente de más de 4,5 % del PIB y una caída del empleo de 2,5 % que impedirán crecer al 4 % durante varios años.

Ante el insuceso de la ley se procedió a cambiar el discurso. Ahora, ya no es para reducir déficit fiscal y cumplir la regla fiscal, sino para bajar los impuestos a las empresas y aumentar el déficit fiscal. Antes se reducía el déficit fiscal y ahora se sube para reactivar la economía. No se advierte, sin embargo, que la baja de impuestos a las empresas aumentará el déficit fiscal y le restará recursos al sector privado por la vía de la colocación de TES. Lo que se gana reduciendo los impuestos se pierde por la menor disponibilidad de recursos financieros para el sector privado.

Sin duda, la Ley de Financiamiento es una política fiscal de estímulos a la economía que no tiene relación con los factores estructurales que la mantienen estancada desde hace más de cinco años.

Mientras persista el elevado déficit en cuenta corriente y la caída del empleo, los buenos oficios de reactivación se verán neutralizados por la inundación de importaciones y la baja demanda. Para completar, la baja del impuesto de las empresas a cambio de mayores gravámenes al trabajo es claramente contrario a la Constitución, que establece que los impuestos deben ser progresivos y justos. Los que tienen más pagan menos.

La verdadera causa del mal desempeño de la economía es el quiebre del sector externo originado por la apertura económica, los TLC y el tipo de cambio flexible y por la incapacidad del Banco de la República para contrarrestar sus efectos sobre el empleo y la producción. La Ley de Financiamiento no busca remediar la dolencia donde se causa, sino por el camino fácil de la ampliación de las desigualdades. Se configura el típico dilema entre el crecimiento y la distribución del ingreso. Ni más ni menos se pretenden corregir los graves errores del pasado deprimiendo salarios y bajando los impuestos a los sectores de altos ingresos.

Claro está que existen múltiples formas para recuperar las economías sin afectar negativamente la distribución del ingreso. La más simple es una política industrial que modifique la estructura de importaciones y exportaciones hacia actividades de mayor complejidad, a tiempo que eleve la productividad del trabajo.