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Las objeciones a la JEP fueron rechazadas –o como mínimo se embolataron–, la reforma política está en cuidados intensivos –y ya el Gobierno decidió que va a desconectar el respirador oficial–, el Plan Nacional de Desarrollo pasó a pupitrazo –y más de un congresista apunta a vicios por el afán–. El Gobierno no la tiene fácil con su agenda legislativa y en ese ambiente la Ley TIC puede ser el salvavidas para no salir de esta legislatura perdiendo por goleada histórica.
Esta es una mala noticia porque ese gol será el resultado de otro pupitrazo, de ignorar las críticas criollas y las recomendaciones de organismos internacionales.
Ahora bien, no nos llamemos a engaños, el proceso no se ha caracterizado por el diálogo. Fíjense en los tiempos: de septiembre a diciembre se intentó pasar de urgencia y, cuando falló, comenzó la campaña de marketing. Comenzó el año con el proyecto ya en fase final en el Congreso. La primera estrategia del Ministerio fue salir de Bogotá, se fueron a “socializar” el proyecto de ciudad en ciudad con su “tomémonos un tinto, seamos amigos”. Siempre han sostenido que el propósito es conectar a más de 20 millones de personas, bien, ¿a cuántos escucharon en audiencias públicas en el Congreso?, ¿a cuántos invitaron a los monólogos de socialización?
Y la historia sigue, aunque el Gobierno presentó una reciente carta de la Unesco como respaldo expreso a su texto de proyecto de ley, quien lee con cuidado entiende que lo que dice es lo que muchos hemos insistido, esta ley es necesaria y tiene puntos positivos, pero ¡le falta!
El Gobierno por su parte, sigue la campaña de marketing. El Ministerio está de tour por los medios, mientras que el presidente anuncia desde Silicon Valley que lo que nos separa de la telemedicina, la educación rural y la banca móvil es no aprobar esta ley, y afirma que las críticas no son más que ideología. ¿Con cuántos “desconectados” se ha reunido el presidente en Silicon Valley?
En los pasillos del Congreso se dice que el proyecto tendrá cambios. ¿Cuáles son los cambios? No hay información pública sobre esto, ni siquiera reuniones de socialización o comunicados de prensa. En los mismos pasillos del Congreso se dice que el cambio es que en el nuevo regulador tendrá dos salas (o juntas) que se ocuparán, una de contenido y la otra de la infraestructura.
A tres semanas de finalizar esta legislatura, esta actitud solo puede calificarse de oscurantismo que no ayuda a un proceso legislativo democrático y participativo.
Aunque es difícil comentar esa propuesta de cambio -porque sin detalles, sin saber si es cierto, sin texto es imposible decir algo en firme- habrá que ejercer como adivinos y aventurarse a decir algo.
En primer lugar, me parece una idea interesante porque enfrenta el hecho de que aunque el sector es convergente, Colombia no lo es. Puede ser positivo plantear una estructura de transición en la que se reconozca esto y se tramite, de hecho es una forma de reconocer que ese es el principal problema de la propuesta inicial del gobierno . Quienes están encargados de la infraestructura necesitan esta ley para modernizarnos y desplegar 5G, pero han dejado de lado a los de contenidos como si no tuvieran nada para decir, craso error.
Ahora bien, seguirá siendo insuficiente. Repito que sin saber cómo lo harán, no es posible saber si ésta modificación es la respuesta también a otras críticas que siguen en el limbo. Por ejemplo, ¿cómo dos juntas enfrentarán el hecho de que la nueva CRC no es convergente porque le falta el espectro?, ¿cómo esta solución -unas juntas donde se dice estará el gobierno- hace más independiente al regulador si no enfrenta el hecho de que las funciones de control y vigilancia seguirán en el ejecutivo, ni se refiere a cómo se nombran sus comisionados?
Tampoco esta solución nos habla de otros vacíos. Por ejemplo la ausencia de las redes comunitarias, el hecho de que no se las reconozca como un actor más del sector. Que quede claro, no hacerlo es negarle a las personas más descuidadas por el modelo de conectividad el derecho de acceder en igualdad de oportunidades al uso del espectro, como lo obliga el artículo 75 de la Constitución.
En suma, la campaña de marketing se ha aprovechado de que todos queremos una mejor conectividad para nuestro país para ignorar las voces nacionales e internacionales que señalan que a esta ley le falta mucho para ser la solución a la conectividad del país. Si en lo que queda de esta legislatura llegan a pasar la Ley TIC en las plenarias de Cámara y Senado el gol del consuelo para el Gobierno le saldrá caro a la institucionalidad colombiana.